En 1986, el asesinato del científico Noel Kempff Mercado provocó un sacudón moral que todavía resuena en la memoria colectiva. La reacción fue inmediata y contundente: hubo estigmatización, hubo un “estate quieto”, hubo un freno social. La sociedad no solo se movilizó; marcó distancia. El narcotráfico dejó de ser tolerable, dejó de ser invisible, dejó de ser parte del paisaje. Fue un punto de quiebre.
Hoy, en cambio, la pregunta no es cuándo empezó el problema. La pregunta es por qué dejamos de verlo.
Porque mientras el país discutía fallas policiales, debilidades judiciales o responsabilidades políticas —todas reales—, en Santa Cruz ocurría algo más evidente y, a la vez, más incómodo: el ascenso social de figuras vinculadas al crimen dejó de generar rechazo y empezó a convivir con la indiferencia. Santa Cruz ya no puede decir que no sabía.
El caso de alias “Pepo” es apenas un síntoma. Sindicado como piloto y hombre de confianza del narcotraficante Sebastián Marset, hizo gala pública de una riqueza imposible de explicar: vehículos de alta gama, fiestas ostentosas, exposición constante en redes sociales, asistencia masiva. Todo a la vista. Todo sin disimulo. Y, sin embargo, nada pasó. O peor: pasó de todo, pero sin consecuencias sociales.
No hubo estigmatización. No hubo aislamiento. No hubo ese “estate quieto” colectivo que en 1986 separó, aunque sea simbólicamente, a la sociedad del crimen. Lo que hubo fue normalización. Curiosidad. En algunos casos, hasta admiración. Ese es el verdadero cambio.
Porque las fallas del Estado no son nuevas. La debilidad institucional, las sospechas sobre la Policía, la fragilidad de la justicia o las dudas sobre el Ministerio Público forman parte de una discusión larga y documentada. Pero una sociedad no se define solo por la eficacia de sus instituciones. Se define, también, por los límites que está dispuesta a trazar. Y en ese terreno, Santa Cruz está fallando.
Cuando el dinero sin origen claro deja de incomodar, cuando la ostentación sin explicación deja de generar preguntas, cuando la cercanía con el delito deja de ser un costo social, el problema deja de ser solo criminal. Se vuelve cultural.
En 1986, la sociedad reaccionó antes de que el narcotráfico se consolidara como un fenómeno estructural. Hoy, el fenómeno no solo está instalado: encuentra espacios de validación pasiva.Y eso es más difícil de revertir que cualquier déficit institucional.
Porque el crimen organizado necesita algo más que impunidad estatal para crecer. Necesita tolerancia social. Necesita invisibilidad selectiva. Necesita, en el fondo, una comunidad que mire para otro lado. Santa Cruz no puede permitirse ese lujo. No después de lo que ya sabe. No después de lo que ya vivió.
La historia ya mostró que es posible reaccionar. Que es posible marcar límites. Que es posible decir basta. Pero también muestra algo más incómodo: que cuando esos límites desaparecen, el problema deja de estar afuera. Empieza a estar adentro. La sociedad cruceña debe protegerse de dos graves amenazas: narcotráfico y corrupción.
Y ahí es donde la discusión deja de ser exclusivamente institucional y se vuelve profundamente social. El tejido más íntimo —la familia, el hogar, la célula básica donde se forman valores— también está en juego. No todo es Estado. No todo es Policía. La frontera entre el bien y el mal no se define solo en tribunales o cuarteles, sino en la vida cotidiana. Sin seguridad no hay paz ni democracia, y sobran ejemplos en la región que lo demuestran. Pero sin una sociedad dispuesta a defender esos principios desde su base, ninguna estrategia será suficiente.