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El giro conservador en Perú y Colombia, y su impacto sobre Bolivia

Miércoles, 22 de julio de 2026 a las 05:00

Durante los últimos días se ha consolidado la victoria, en la carrera presidencial, de Keiko Fujimori en Perú y la de Abelardo de la Espriella en Colombia, lo cual se constituye en un efecto inequívoco del giro del electorado hacia corrientes políticas conservadoras en América Latina luego de más de veinte años de ejercicio de gobiernos populistas autoritarios que surgieron como producto del Foro de São Paulo, organización política que reinventó a la izquierda luego del final de la Guerra Fría (concluida en favor de Estados Unidos de América) y la disolución de la Unión Soviética como resultado de un sistema estatista fracasado. Ante la derrota del socialismo en Europa, el Foro de São Paulo tuvo la habilidad de reciclar a la izquierda explotando otros elementos más sensibles para las sociedades latinoamericanas: el indigenismo, el clasismo, la “discriminación positiva”, y la falsa preocupación por el medio ambiente.

A diferencia de temas complejos de la izquierda europea, tales como el materialismo dialéctico o el marxismo–leninismo, el Foro de São Paulo se enfocó en generar un fuerte discurso de odio que promueve la violencia bajo distintos ejes en América Latina: étnico–racial, política, religión, género, posición económica, y origen social. Estos elementos resultaron muy redituables en términos políticos: Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela (1999), Evo Morales en Bolivia (2006), Rafael Correa en Ecuador (2007); Daniel Ortega en Nicaragua (2007); Ollanta Humala en Perú (2011); y Gustavo Petro en Colombia (2022). En el caso de Bolivia, Morales –durante sus 14 años en el poder– adoptó la ideología del indianista Fausto Reinaga cuyos ejes son: a) la supuesta superioridad de valores políticos y morales de los indígenas; b) los indígenas deben ejercer el poder estatal; y c) crear el relato indianista contrario a la historia oficial.

Esta ideología implicó el desprecio del gobierno de Morales por la independencia de los poderes del Estado, por la alternancia en el poder y por el Estado de Derecho. Consecuentemente, dicho gobierno incurrió en una serie de vulneraciones a los derechos humanos que implicaron la materialización de su pensamiento político, el cual consiste en socavar –por medio de sus órganos represivos estatales y sus movimientos sociales– a la sociedad civil que disiente de su ideología política. Como se puede advertir, ésta generó una profunda grieta en la sociedad boliviana, lo cual se agravó con el hecho que el país derrochó los recursos económicos derivados del boom económico que se tuvo por el alto precio de nuestros commodities. Esta ideología se agotó por la alta polarización política y por las oportunidades de desarrollo desperdiciadas. Como producto de ello, en octubre de 2025, el país –hastiado de la intolerancia por motivaciones políticas– decidió dar un cambio y eligió como presidente a Rodrigo Paz y su promesa de impulsar el «capitalismo popular». 

El caso boliviano tiene cierta similitud con los países ya mencionados. En el caso de Pedro Castillo en Perú, electo en 2021, su gobierno derivó en un intento de cerrar el Congreso, motivo por el que fue destituido y hoy se encuentra encarcelado: su exministro Roberto Sánchez y candidato presidencial de la izquierda mantenía el discurso revanchista y perdió ante Fujimori. En el caso de Gustavo Petro en Colombia, electo en 2022, profundizó la confrontación política y exacerbó la crispación social en un país que ha vivido durante décadas en guerra civil, por ese motivo su delfín político Iván Cépeda fue derrotado en las urnas por Abelardo de la Espriella. Estos mandatarios electos reflejan un giro conservador en América Latina, el impacto político sobre Bolivia se traduce en un apoyo al gobierno de Paz y un rechazo a la agenda de desestabilización política y social de Morales. En suma, Morales ya cuenta con un marcado menor apoyo de portavoces válidos en el ámbito internacional, lo cual reduce su relato revanchista.


Sergio Romero Chávez es abogado especialista en Derecho Constitucional y Penal

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