La aparición de un grupo subversivo en San Julián, autodenominado milicia armada del pueblo, representa una constatación más de que las protestas y bloqueos de carreteras, que ingresarán en su quinta semana, no forman parte de una movilización por reivindicaciones sociales, sino que obedecen a una estrategia definida, planificada y financiada por organizaciones criminales con ramificaciones internacionales que pretenden tomar el poder para disfrutar de la protección del Estado boliviano que recibieron durante los 20 años de Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), bajo la presidencia de Evo Morales y, después, de Luis Arce Catacora.
El video, difundido este domingo en diferentes redes sociales por este grupo irregular, no es apenas una amenaza. El sábado demostraron que están dispuestos a recuperar sus privilegios a sangre y fuego. Cuatro efectivos de la Policía sufrieron heridas de bala, uno de ellos recibió un disparo en la cabeza, cuando se disponían a desbloquear la carretera que vincula a los departamentos de Santa Cruz y Beni, que permaneció cerrada durante 24 días por seguidores del dirigente cocalero Evo Morales para exigir el acortamiento del mandato constitucional del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Este mismo domingo, pero en Oruro, policías de inteligencia aprehendieron a siete personas en poder de Bs 92.600, dos bidones cargados con 50 litros de gasolina, una bolsa de yute con coca, cuatro celulares, una autorización para circular por los diferentes puntos de bloqueos e indumentarias que los identifica como miembros del Sindicato 14 de Septiembre del trópico de Cochabamba. Existen indicios de que estas personas forman parte de la red de criminalidad movilizada y financiada con recursos turbios desde Chapare que pretende acortar el mandato del presidente Paz.
En su intento por derrocar al Gobierno, los sectores movilizados vinculados a Evo Morales recurren a la violencia extrema, con el bloqueo de carreteras que impiden el ingreso de alimentos, medicinas y combustibles y que han causado la muerte a unas 10 personas porque fueron imposibilitadas de recibir atención médica; por último recurren a la extorsión y al uso de dinamitas y de armas de fuego para atacar a los que se oponen a sus movilizaciones o que pretenden desbloquear las carreteras, como ocurrió este último sábado en la localidad de San Julián, distante 148 kilómetros al este de Santa Cruz de la Sierra.
El conflicto en Bolivia llama la atención internacional, mientras sectores de izquierda pretenden instalar el relato de que los sectores sociales e indígenas están en las calles en contra de un Gobierno de derecha que intentan imponer medidas económicas en perjuicio de los más pobres, los representantes de los países que forman parte del denominado Escudo de Las Américas, liderados por Estados Unidos, se pronunciaron a favor del presidente constitucional y legítimo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y acusan a grupos vinculados al narcotráfico y al crimen trasnacional de financiar las protestas.
Bolivia ha sido calificada por autoridades de Brasil y Paraguay como un refugio seguro para los miembros de cárteles internacionales de droga y del crimen organizado. El país no puede tolerar la presencia de grupos armados, estructuras paralelas de poder ni mecanismos de financiamiento que operan al margen de la ley. Corresponde a las autoridades investigar estos hechos hasta sus últimas consecuencias, identificar a sus responsables y restablecer plenamente el Estado de derecho.