Por fin la Justicia se ha atrevido a dar los pasos necesarios para detener la agresión de los bárbaros que, bajo la protección de ser dirigentes sindicales, han promovido el bloqueo más largo y caro en la historia de Bolivia, pero, además, abiertamente subversivo al exigir la renuncia del presidente constitucional de la república Rodrigo Paz Pereira.
Que no se diga que existió algún afán de revancha a los malhadados tiempos del “evismo” y del “arcismo”, porque, en ese caso, un millar de detenidos para declarar ante los fiscales serían pocos. Ha sido tan desastrosa la gestión del MAS, en sus dos formas, con sus dos mandatarios, que el país tardará mucho en recuperarse, sacudirse de tanta basura, respirar aire puro y ponerse de pie.
La detención preventiva, por seis meses, en la cárcel de Chonchocoro, del secretario ejecutivo de la Federación Sindical Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar Limachi, ha sido importante y necesaria, porque nada tiene que ver con el pasado político de Salazar, que no se lo conoce, sino con la actualidad, con alentar los infames bloqueos y pedir la renuncia del primer mandatario.
El país entero, con excepción de quienes quieren tomar el gobierno mediante un golpe disimulado, alegando una falsa recuperación democrática, se ha sentido reconfortado de saber que, por fin, se están tomando medidas ajustadas al debido proceso con quienes se insubordinan contra la ley. Bolivia continuará marginada de su vecindario y de la comunidad de naciones si no se detiene en seco a los salvajes que se apoderan de los caminos, provocando hambre y atraso, y que todavía se sienten ofendidos de que se les llame vándalos, palabra que, seguramente, no la habían escuchado nunca y que sus asesores letrados les han explicado como si se tratara de una espantosa calumnia.
Santa Cruz ha sido, tal vez, el departamento más afectado en su economía con los bloqueos, aunque todos han sufrido por igual, ciertamente. Pero aquí se desea, realmente, que el populismo masista sea desterrado. Todas las entidades que aglutinan a las empresas productivas y las personas corrientes de la calle ya no soportan que el bloqueo sea la ley del boliviano. Que el bloqueo sea nuestro idioma diario. Así, jamás nos vamos a entender entre compatriotas. Eso es insoportable para un pueblo acostumbrado a la libertad, a moverse libremente a lo largo de su llanura y de sus valles.
El Comité pro Santa Cruz que preside Stello Cochamanidis ha tomado la voz de los cruceños y a través de su primer vicepresidente, Agustín Zambrana, ha puesto las cosas en su lugar, representando el sentir de nuestra gente en lo que tiene que ver con los cercos, que, permanentemente, se levantan contra el departamento. Zambrana, de manera enérgica, ha manifestado que los daños a la economía y las muertes ocurridos han sido muy grandes y que el Comité no solo está de acuerdo con la detención de Salazar, sino que le exige a la Fiscalía emitir las órdenes de aprehensión contra Evo Morales y el dirigente cobista Mario Argollo, ambos impulsores del último bloqueo nacional de caminos.
Morales dice con gran cinismo que nada de lo que se le acusa se puede probar. Es el colmo de la desfachatez. Solamente con haber alentado este bloqueo de más de 50 días y de haberse identificado plenamente con el pedido de renuncia al presidente, el Rey de la Coca tendría responsabilidades suficientes como para acompañar a Salazar en Chonchocoro. La trata de personas, la pedofilia, el despilfarro, las malversaciones y otras cosas peores, están a la vista, pero lo que no requiere de investigación alguna es su participación en el fallido golpe de Estado escalonado. Eso obliga a la Fiscalía a actuar y demostrar que la Justicia está cambiando realmente.
(*) Manfredo Kempff Suárez es escritor