Los primeros movimientos judiciales relacionados con los 53 días de bloqueos abren una oportunidad para que el país pase del discurso a los hechos. La aprehensión del dirigente campesino Vicente Salazar, la querella anunciada por los ministerios de Gobierno y Defensa y las investigaciones abiertas por la Fiscalía son señales que apuntan en la dirección correcta. Después de veinte muertes, pérdidas millonarias y un país sometido al desabastecimiento y al aislamiento, la sociedad tiene derecho a esperar que la justicia establezca responsabilidades.
Sin embargo, el camino hasta este punto deja más de una interrogante. Una vez superada la crisis, la única institución que promovió una denuncia penal formal contra los presuntos autores e instigadores de los bloqueos fue el Comité pro Santa Cruz. No es un dato menor. Más allá de las diferencias políticas que puedan existir con la institución cívica, fue la única que decidió activar los mecanismos judiciales para exigir que los hechos fueran investigados.
En contraste, uno de los compromisos incluidos en el acuerdo de pacificación suscrito entre el presidente Rodrigo Paz y la dirigencia de la COB establecía que no se impulsarían acciones legales bajo el argumento de “no criminalizar la protesta social”. La paz era un objetivo legítimo y urgente, pero nunca puede confundirse con la renuncia del Estado a investigar posibles delitos. La protesta social forma parte de la democracia; impedir durante 53 días el abastecimiento de alimentos, combustible, oxígeno y medicamentos, con consecuencias fatales para veinte personas, es un asunto completamente distinto y merece el pronunciamiento de la justicia.
A esas dudas se sumó una imagen institucional difícil de explicar. El fiscal general del Estado participó, a pedido de la COB, como garante del diálogo que permitió alcanzar la pacificación. Aunque la intención haya sido contribuir a la solución del conflicto, el Ministerio Público no solo debe ser independiente; también debe proyectar esa independencia. Cuando la autoridad encargada de investigar posibles delitos aparece vinculada a una negociación política, inevitablemente se resiente la confianza ciudadana en la imparcialidad del proceso.
Ahora el Gobierno anuncia una querella propia. Bienvenida sea cualquier iniciativa destinada a esclarecer los hechos y sancionar a quienes hayan infringido la ley. Pero también resulta legítimo preguntarse por qué estas acciones no se promovieron desde el inicio, cuando las autoridades aseguraban contar con pruebas sobre un supuesto financiamiento irregular de los bloqueos y una estrategia para desestabilizar al país. Se habló de millonarios decomisos de dinero en efectivo y de estructuras organizadas; sin embargo, más allá de las fotografías y las conferencias de prensa, la ciudadanía sigue esperando que esas afirmaciones se traduzcan en investigaciones sólidas y procesos transparentes.
Algo similar ocurre con los reiterados anuncios sobre un eventual procesamiento del expresidente Evo Morales por las denuncias relacionadas con menores de edad. Las declaraciones oficiales se acumulan, pero los resultados siguen siendo escasos. En un Estado de derecho, la justicia no puede administrarse mediante anuncios permanentes. La credibilidad de las instituciones depende de su capacidad para transformar las palabras en decisiones verificables.
La democracia exige tolerancia frente a la protesta, pero también firmeza frente a la violencia y la impunidad. Hay 20 muertes que no pueden quedar en nada. En democracia no existen víctimas más importantes que otras. Sus familias, como toda la sociedad, merecen una investigación seria, independiente y libre de cálculos políticos. Porque la paz puede cerrar una crisis, pero solo la justicia puede impedir que vuelva a repetirse.