La reforma del sistema judicial fue uno de los principales puntos de debate en las pasadas elecciones generales de 2025, debido a la profunda crisis en que se encontraba el sistema de justicia en el país. La dependencia de jueces y fiscales a las altas autoridades del Órgano Ejecutivo y la persecución judicial a los opositores fueron dos de las características del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los últimos 20 años.
Los entonces candidatos opositores al MAS propusieron una reforma estructural a la justicia “podrida” que contemplaba, entre otros aspectos, erradicar la influencia política para garantizar la independencia de la justicia; modificar la Constitución Política del Estado para eliminar la elección judicial e incorporar la aplicación de un sistema de calificación de méritos para acceder a los altos cargos de la magistratura, entre otras propuestas de campaña.
El actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, planteó en su campaña electoral una “revolución judicial” basada en la meritocracia, la modernización tecnológica y evaluaciones de desempeño. Propuso realizar un encuentro nacional en Sucre para estructurar la reforma.
Los planes de gobierno orientados a la reforma del Órgano Judicial Plurinacional entusiasmaban a los ciudadanos porque informes internacionales, como el elaborado por World Justice Project ubicaban a Bolivia entres los países con menores índices de Estado de Derecho en América Latina (en el lugar 29 entre 32 países) y del mundo (131 entre 143 naciones).
La institución internacional independiente alertaba sobre una reducción constante del espacio cívico y el deterioro continuo de las libertades; reflejaba una marcada falta de independencia judicial y graves deficiencias en el debido proceso, que se aplicaba principalmente a los opositores al régimen del MAS. La prórroga del mandato de las altas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia contribuyeron significativamente a la desinstitucionalización del sistema.
El cambio de Gobierno y la conformación de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional dieron aires de esperanza a los bolivianos. Se esperaba que una de las primeras acciones de las nuevas autoridades estuviera dirigidas a alcanzar acuerdos políticos en el Parlamento para impulsar reformas parciales a la Constitución Política del Estado para propiciar la anhelada “revolución judicial”.
La renovación parcial del Órgano Judicial Plurinacional, por medio de las elecciones judiciales de 2024, también despertaron la esperanza de que se produjera una reforma en ese poder del Estado, pero en poco más de dos años en funciones se ha avanzado mucho menos de lo previsto. Incluso, en los últimos días se hizo público el desencuentro que existe entre los magistrados de las altas cortes con las principales autoridades del Órgano Ejecutivo y del Legislativo.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, amenazó con paralizar al sistema judicial del país durante 24 horas para exigir al Gobierno un aumento del presupuesto para atender las causas pendientes; además de solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de seis leyes para introducir cambios en los altos tribunales. La advertencia del conflicto surgió a escasas semanas de que el país sufriera un bloqueo por más de 50 días promovidos por el dirigente cocalero Evo Morales para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Este miércoles se instalaron mesas de diálogo entre representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial para buscar acuerdos que permitan avanzar en algunos de los puntos que reclaman los magistrados. Mientras, los ciudadanos esperan que en este acercamiento se produzcan alianzas y se establezcan las bases que permitan trabajar con la sociedad civil, académicos y juristas en una verdadera reforma judicial como se comprometieron los políticos durante la campaña electoral y como espera el pueblo boliviano.