La decisión de la Gobernación de Santa Cruz de declarar alerta amarilla ante el incremento de las condiciones de riesgo para la ocurrencia de incendios forestales, es una medida acertada y necesaria, más aún cuando se ha detectado un millar de focos de calor en territorio departamental. La experiencia de los últimos años ha demostrado que esperar a que aparezcan las primeras columnas de humo para actuar, implica riesgos que deben evitarse frente a un problema ambiental que se ha convertido en una de las mayores amenazas para el departamento y para el país.
Las cifras son contundentes y deberían servir como una advertencia permanente. En 2019, los incendios forestales arrasaron alrededor de 3,5 millones de hectáreas en Bolivia, una tragedia que dejó profundas cicatrices en los ecosistemas, la biodiversidad y la economía regional. Sin embargo, lejos de mejorar, la situación se agravó en 2024, cuando la superficie afectada alcanzó los 10 millones de hectáreas, de las cuales siete millones correspondieron al departamento de Santa Cruz. Se trata de una dimensión alarmante que obliga a las autoridades, productores y ciudadanos a asumir con seriedad la responsabilidad de evitar que semejante desastre vuelva a repetirse.
Los pronósticos para este año no son alentadores. Los especialistas advierten la presencia de componentes meteorológicos complejos que podrían manifestarse desde la segunda quincena del mes de julio. El incremento de los vientos, combinado con las heladas y la sequedad de la vegetación, crea un escenario altamente propicio para la propagación rápida y descontrolada del fuego. En esas circunstancias, una pequeña quema mal manejada puede convertirse en cuestión de horas en un incendio de grandes proporciones imposible de contener con los recursos disponibles.
Por ello, la alerta amarilla debe entenderse no solo como una disposición administrativa, sino como una señal de advertencia para toda la población. La prevención es la herramienta más eficaz y menos costosa frente a los incendios forestales. Cada hectárea que se logra proteger evita pérdidas económicas, daños ambientales y riesgos para la salud y la vida de las personas.
No obstante, las medidas preventivas no pueden limitarse a la vigilancia y al despliegue institucional. Es fundamental reforzar las campañas de concienciación dirigidas a las comunidades rurales, productores agropecuarios y pobladores de las zonas más vulnerables. Muchas veces los incendios se originan por prácticas de quema realizadas sin las precauciones necesarias o en momentos de alto riesgo climático. Informar, educar y sensibilizar a la población sobre las consecuencias de estas acciones resulta tan importante como contar con brigadas, equipos y sistemas de monitoreo.
La destrucción causada por el fuego no se limita a la pérdida de árboles. Los incendios afectan fuentes de agua, degradan los suelos, destruyen hábitats de especies silvestres, liberan enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera y perjudican la salud de miles de personas debido a la contaminación del aire. Además, comprometen actividades productivas esenciales para la economía regional y reducen la capacidad de los ecosistemas para recuperarse frente al cambio climático.
Santa Cruz enfrenta nuevamente una temporada crítica. La diferencia entre una emergencia controlable y una catástrofe ambiental dependerá, en gran medida, de la capacidad de actuar antes de que el problema se desborde. La alerta amarilla es un paso oportuno, pero su éxito dependerá del compromiso conjunto de autoridades, instituciones y ciudadanía.
La lección que dejaron los incendios de 2019 y 2024 es demasiado dolorosa como para ser ignorada. Cuando se trata de proteger los bosques, la biodiversidad y el futuro de próximas generaciones, la prevención no es una opción, es una obligación. Porque, una vez más, la sabiduría popular resume la mejor estrategia posible sentenciando que es mejor prevenir que lamentar.