Por: Miriam Estrella Estrella
La preservación del Valle de Tucabaca es una prioridad para vecinos y autoridades. Pero preocupa que los incendios forestales durante la época seca representen una amenaza para las cuencas hídricas. Eder Santibáñez, administrador de la plataforma Turismo en la Chiquitania, señala que el Refugio de Vida Silvestre Tucabaca abastece de agua a toda la región a través de cerca de 16 ríos vitales.
Santibáñez recalca que la conservación hídrica depende estrictamente de mantener los bosques. Por ello, destaca la vigencia de una Ley de Pausa Ambiental hasta 2029, que prohíbe cualquier uso del fuego. Argumenta que las estrategias que involucran quemas no deberían aplicarse en una zona de conservación estricta y plantea eliminar definitivamente esta práctica.
Por otra parte, Rubén Darío Arias, presidente del Comité de Gestión del área protegida, señala que en épocas de emergencias ven obligados a ejecutar medidas extremas de prevención en el terreno, implementando las denominadas "líneas negras" y quemas controladas que arrastran desde hace varios años.
De acuerdo con los representantes comunales, esta estrategia preventiva busca levantar barreras para evitar que los incendios forestales ingresen a los centros poblados y, de manera específica, a las cuencas de agua, buscando "prevenir una posible contaminación y disminución del caudal hídrico".
Certificación FSC ¿cómo se obtuvo y qué protege?
Frente a este escenario de alta vulnerabilidad ambiental, el Refugio de Vida Silvestre Departamental Tucabaca marcó un hito histórico el pasado mes de febrero, ya que la reserva, que abarca una extensión de 262.305 hectáreas en la Chiquitania, se convirtió en la primera área protegida de gestión pública en América Latina en conseguir la certificación internacional del Forest Stewardship Council (FSC) para su Plan de Manejo y la verificación de sus Servicios Ecosistémicos.
Para las comunidades locales y el Comité de Gestión, el concepto de una certificación forestal voluntaria representaba algo completamente nuevo y desconocido en la región, sin embargo, tras un análisis minucioso de su contenido, decidieron aceptar el desafío impulsados por una necesidad extrema de recursos económicos, todo esto debido a que las administraciones municipal y departamental carecen actualmente de fondos para sostener la reserva, al punto de que la UCPN Tucabaca opera hoy con un presupuesto que solo alcanza para un responsable y un único guardaparque contratado para vigilar la totalidad del territorio, por ello ante esta crisis de gestión, vieron en el sello FSC la oportunidad viable para captar e ingresar recursos económicos internacionales destinados a financiar la logística y contratar un Cuerpo de Protección permanente.
De acuerdo con Richard Rivera, responsable de Zonificación y Certificación de la Dirección de Conservación del Patrimonio Natural (Dicopan) de la Gobernación de Santa Cruz, este logro funciona como un escudo político y legal para validar técnicamente el plan de manejo frente a las presiones humanas.
Destacan que el territorio de Tucabaca regula el nacimiento de 45 ríos y 30 quebradas que abastecen tanto a la población regional como al sector agropecuario, además de almacenar 12,8 millones de toneladas de carbono.
El Comité de Gestión aclara que esta certificación tiene un carácter a nivel internacional debido a su alcance integral, no se limita a regular la actividad forestal maderera tradicional, sino que avala los bonos de captura de carbono y certifica científicamente los servicios ecosistémicos de producción hídrica, consolidando a Tucabaca como una verdadera "fábrica de agua". Asimismo, el sello abarca parámetros de medición para la calidad del suelo, la pureza del aire como aporte de oxígeno al planeta, y la protección de la cultura viva e histórica que aún preserva la localidad de Santiago de Chiquitos.
Vigilancia comunitaria
Eder Santibáñez advierte el Comité de Gestión se mantendrá vigilante y, en el instante en que detecten cualquier intento de exploración o explotación maderera indebida que vulnere los objetivos de conservación, serán los primeros en denunciarlo públicamente y defender el territorio.
Las comunidades recuerdan que llevan 26 años peleando de forma autónoma para mantener sana e íntegra la reserva y exigiendo la institucionalización del cuerpo de guardaparques, evitando que los recursos se desvíen.