Para muchos contribuyentes, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) se ha convertido en una experiencia desgastante, más cercana a un calvario que a un servicio público eficiente. Si bien en los últimos años se han implementado herramientas digitales que, en teoría, buscan facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias, en la práctica persisten serios problemas de gestión en áreas clave como recaudaciones y jurídica.
Uno de los ejemplos más evidentes es el congelamiento de cuentas bancarias por incumplimientos formales, incluso en casos relativamente simples de subsanar, como la presentación fuera de plazo de una Declaración Jurada. Aun cuando el contribuyente regulariza su situación y paga la multa correspondiente –que no es menor: 50 UFV (Bs 161,43) para personas naturales y 100 UFV (Bs 322,86) para personas jurídicas– el proceso de desbloqueo no es inmediato ni automático. Por el contrario, se convierte en una verdadera carrera de obstáculos que deja al descubierto las fallas del sistema. Si esto ocurre en situaciones básicas, es razonable suponer que el problema se agrava en casos más complejos de contravenciones o incumplimientos tributarios.
El problema no es solo la sanción, sino su desproporción y desactualización. Muchas de estas multas fueron diseñadas en un contexto anterior a la implementación de plataformas como el Sistema Integrado de la Administración Tributaria (SIAT), que hoy permite presentar declaraciones y realizar pagos en línea. Si el sistema ha evolucionado, ¿por qué las sanciones y procedimientos siguen anclados en una lógica del pasado?
La situación se agrava cuando, pese a haber regularizado y pagado la obligación, el proceso administrativo y sancionatorio sigue su curso hasta desembocar en el congelamiento de cuentas bancarias. El SIN notifica cada etapa a través del SIAT, pero no integra de manera oportuna la información que el propio sistema genera. En la práctica, es el propio contribuyente quien, de forma íntegramente digital y mediante el SIAT, emite la boleta, el QR o el código de pago para subsanar el incumplimiento; sin embargo, ese pago no se imputa automáticamente ni con la rapidez necesaria para detener el procedimiento. El resultado es tan contradictorio como preocupante: se termina sancionando a quien ya cumplió.
Detrás de esta ineficiencia existe un costo invisible, pero profundamente significativo. Por un lado, el contribuyente ve afectada su liquidez y su capacidad de operar con normalidad, además de verse obligado a invertir tiempo en trámites adicionales: acudir a oficinas del SIN, presentar notas y realizar seguimientos constantes. Por otro, la propia institución destina recursos humanos y tiempo a generar notificaciones, autos de multa, proveídos de ejecución tributaria y una cadena de documentos que podrían evitarse con una simple verificación automatizada. Es la burocracia en su máxima expresión: procesos que persisten no porque sean necesarios, sino porque nadie los ha actualizado.
Esta situación no solo genera frustración, sino que erosiona la relación entre el Estado y el contribuyente. Cumplir con las obligaciones tributarias debería ser un proceso claro, predecible y justo, no una experiencia punitiva y desgastante. Cuando el sistema castiga incluso a quien corrige sus errores, el mensaje que se envía es contradictorio.
Por ello, resulta urgente una revisión integral de las multas, los montos, los procedimientos y, sobre todo, de la lógica que los sustenta. No se trata de flexibilizar el cumplimiento, sino de hacerlo razonable, proporcional y acorde a las herramientas tecnológicas disponibles. Modernizar no es solo digitalizar; es simplificar, integrar y dar coherencia al sistema.
Un sistema tributario eficiente no solo recauda mejor, también genera confianza. Y esa confianza, hoy más que nunca, parece estar en deuda.
(*) Tomy Pérez Alcoreza es economista