La presentación de un nuevo proyecto de ley para una regularización extraordinaria, “por única vez”, de vehículos indocumentados que ya circulan en Bolivia vuelve a instalar un debate tan antiguo como incómodo: ¿es posible corregir una realidad consolidada sin terminar premiando la ilegalidad que la originó?
La iniciativa, actualmente en análisis en la Cámara de Diputados, propone abrir un proceso excepcional e improrrogable para nacionalizar vehículos que ingresaron al parque automotor sin cumplir los procedimientos legales. Aunque todavía no define el costo de la regularización ni el plazo de vigencia del programa -aspectos que quedarían sujetos a reglamentación del Órgano Ejecutivo-, el solo anuncio ha dividido posiciones.
El legislador impulsor sostiene que el objetivo no es favorecer a quienes introdujeron ilegalmente los motorizados al país, sino ofrecer una salida legal a miles de ciudadanos que los adquirieron de buena fe o que hoy dependen de ellos como herramienta de trabajo o medio de transporte familiar. El proyecto, además, excluye a vehículos con denuncia de robo en Bolivia o en el exterior, así como a aquellos vinculados con actividades ilícitas. También plantea que la totalidad de los recursos recaudados se destine a la construcción y mantenimiento de carreteras.
El argumento tiene una evidente carga social. Es innegable que existen miles de personas cuya economía cotidiana gira en torno a estos vehículos y cuya situación permanece en un limbo jurídico. Ignorar esa realidad tampoco la hará desaparecer.
Sin embargo, reconocer un problema social no significa que cualquier solución sea la correcta. La propuesta vuelve a enfrentar al Estado con un dilema de fondo: cuando la excepción se convierte en mecanismo para resolver incumplimientos masivos, el mensaje que se transmite es peligroso. Cada regularización extraordinaria alimenta la expectativa de que siempre habrá una nueva oportunidad para legalizar aquello que ingresó al margen de la ley.
Ese es precisamente el cuestionamiento de la Cámara Automotor de Bolivia, que rechaza la iniciativa por considerar que constituye un premio al contrabando y un castigo para quienes sí cumplieron con las obligaciones tributarias y aduaneras. Desde el sector formal sostienen que una medida de esta naturaleza representa una “patada a la formalidad”, porque coloca en desventaja a importadores, concesionarios y ciudadanos que asumieron los costos de actuar dentro de las normas.
No se trata únicamente de una discusión económica. Está en juego el principio de igualdad ante la ley. Quien cumplió con todos los requisitos para importar legalmente un vehículo podría terminar observando que quien no lo hizo obtiene finalmente el mismo resultado mediante una amnistía excepcional.
Por ello resulta acertada la cautela expresada por el Gobierno al anunciar que evaluará la iniciativa desde una perspectiva técnica y política antes de asumir una posición definitiva. La dimensión social del problema exige respuestas, pero también demanda medir cuidadosamente los efectos institucionales y fiscales de cualquier decisión.
La pregunta central permanece abierta. ¿Cómo se puede “legalizar” aquello que nació al margen de la legalidad sin debilitar el respeto por las normas? La respuesta no es sencilla. Regularizar puede resolver una realidad inmediata, pero también puede consolidar un incentivo perverso para futuras infracciones.
El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio entre sensibilidad social y seguridad jurídica. Si el Estado opta por una medida excepcional, deberá garantizar que sea realmente única, acompañada de controles fronterizos efectivos y de políticas que impidan que el problema vuelva a repetirse. De lo contrario, la excepción terminará convirtiéndose en costumbre, y la legalidad dejará de ser una obligación para convertirse simplemente en una opción.