La promulgación de la Ley 1720 ha abierto una de las tensiones estructurales más delicadas del país, no limitada a una región específica, sino extendida, con distintos matices, a los nueve departamentos de Bolivia. Lo que se planteó como una solución para ampliar el acceso al crédito ha terminado generando un problema de confianza profunda en el mundo rural. La posibilidad de convertir la pequeña propiedad en mediana, habilitándola como garantía hipotecaria, implica un cambio sustancial en la naturaleza de la tierra: de patrimonio protegido a activo financiero sujeto a ejecución. En un contexto donde los ingresos agrícolas son inestables, altamente dependientes del clima y de precios internacionales, este mecanismo introduce un riesgo que muchos productores consideran inasumible. La reciente movilización de campesinos de Pando, cuyo punto más visible fue la marcha hacia La Paz, no expresa un rechazo al crédito, sino al tipo de crédito que pone en juego el principal medio de subsistencia de millones de familias.
El problema adquiere dimensión nacional cuando se observan las características del agro boliviano. Más del 70% de las unidades productivas corresponden a pequeños productores con limitada capacidad de absorción de shocks económicos. Si incluso un 30% de estos accediera a financiamiento bajo esquemas hipotecarios y apenas entre un 15% y un 20% de ellos enfrentara dificultades de pago por sequías, inundaciones o caídas de precios, el resultado podría ser la pérdida progresiva de tierras a escala significativa: cientos de miles de hectáreas transferidas hacia actores con mayor capacidad financiera, reconfigurando la estructura agraria del país y generando nuevos focos de conflicto social. La historia económica de América Latina muestra que estos procesos, una vez iniciados, son extremadamente difíciles de revertir.
Sin embargo, el dilema entre acceso al crédito y protección de la tierra es falso. La evidencia internacional demuestra que existen caminos alternativos que permiten expandir el financiamiento rural sin comprometer la propiedad. El modelo del Grameen Bank bajo el liderazgo de Muhammad Yunus evidenció que el crédito puede sostenerse sobre mecanismos de confianza y organización social, alcanzando tasas de repago superiores al 95% sin garantías reales. En América Latina, BancoSol replicó este enfoque con éxito, posicionando a Bolivia como referente regional en inclusión financiera.
Otros instrumentos han sido clave en países vecinos. En Chile, el fondo FOGAPE ha permitido a miles de pequeños productores acceder a crédito formal sin hipotecar sus activos, cubriendo hasta el 80% del riesgo de los préstamos. Colombia ha seguido una línea similar, logrando expandir el crédito agrícola sin generar procesos de desposesión. En Brasil, el financiamiento del Banco do Brasil vinculó el crédito a la producción, de modo que el repago depende de la cosecha y no de la ejecución de la tierra, movilizando decenas de miles de millones de dólares anuales y consolidando uno de los sectores agrícolas más dinámicos del mundo. En Argentina, los warrants agrícolas permiten a los productores utilizar su producción almacenada como garantía, generando liquidez sin comprometer la propiedad ni forzar ventas en condiciones desfavorables.
Bolivia no parte de cero: cuenta con una red consolidada de microfinanzas, experiencia cooperativa y un conocimiento profundo de su estructura productiva. La alternativa más adecuada no pasa por profundizar el enfoque de la Ley 1720, sino por rediseñarlo. La creación de un fondo de garantía nacional de aproximadamente 400 a 500 millones de dólares podría apalancar entre 1.500 y 2.500 millones en crédito productivo, multiplicando el acceso actual sin trasladar el riesgo al productor. Si este instrumento se complementa con financiamiento vinculado a la producción, sistemas de warrants y un fortalecimiento de las cooperativas rurales, el país podría duplicar el crédito agrícola en un plazo de cinco años.
Un factor que el debate interno suele subestimar es el interés real de los organismos multilaterales en financiar precisamente este tipo de esquemas. El BID y el Banco Mundial han priorizado en los últimos años programas de inclusión financiera, garantías parciales de crédito y desarrollo productivo sostenible. Cuentan con líneas de financiamiento específicas para fondos de garantía en condiciones concesionales, con tasas por debajo del mercado y plazos largos. En términos prácticos, hasta un 50% o 60% del capital inicial requerido podría provenir de financiamiento externo, reduciendo la presión fiscal interna y acelerando la implementación del modelo. Además, su participación introduce estándares de transparencia, gobernanza y evaluación de riesgo que aumentan la confianza del sistema financiero y reducen la probabilidad de politización del crédito.
El impacto de un modelo de este tipo sería significativo: la productividad agrícola podría incrementarse entre un 20% y un 30%, impulsada por mayor acceso a insumos y tecnología, mientras la pobreza rural podría reducirse entre un 5% y un 10%, todo ello sin generar el riesgo de pérdida de tierras que preocupa hoy a amplios sectores del país. La Ley 1720 ha puesto en evidencia la urgencia de resolver este desafío, pero también los límites de soluciones que priorizan la rapidez sobre la sostenibilidad. La movilización social no es un obstáculo al desarrollo, sino una señal de alerta sobre los riesgos de determinadas políticas. Bolivia tiene la oportunidad de corregir el rumbo y adoptar un modelo que combine acceso al crédito con protección del patrimonio rural, abriendo la puerta a financiamiento internacional significativo y sentando las bases de un crecimiento donde el crédito deje de ser una amenaza potencial y se convierta en una verdadera herramienta de desarrollo.
(*) Carlos Ibañez Meier es Ph.D. en Economía