Apenas unas horas después de que el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo Carrasco, publicara su artículo “La diplomacia del interés nacional”, la realidad política interna ha propinado un brusco choque de frente contra sus postulados teóricos. En su columna, el jefe de la diplomacia boliviana sostiene con lucidez que la política exterior del siglo XXI ya no es una cuestión de meros protocolos, sino una herramienta estratégica para inspirar “confianza, previsibilidad y credibilidad” ante el mundo. Asegura, además, que el país debe erigirse como un actor capaz de “articular Sudamérica”. Sin embargo, mientras el canciller redacta estas líneas de impecable corte institucional, las últimas informaciones procedentes del Palacio Quemado y de la Asamblea Legislativa Plurinacional revelan una grieta insalvable: el gobierno del presidente Rodrigo Paz avanza decididamente en la legalización masiva de los denominados “autos chutos” o vehículos indocumentados. Se trata de una flagrante contradicción vital entre lo que Bolivia proyecta externamente y lo que convalida en sus fronteras.
La propuesta de Rodrigo Paz, formulada desde su campaña y defendida bajo el pragmatismo de “sincerar la economía popular”, busca regularizar un mercado informal gigantesco. Los datos técnicos de la Cámara Automotor Boliviana (CAB) y de diversos análisis sectoriales son escalofriantes: se estima que en la actualidad circulan en Bolivia al menos 1,4 millones de vehículos indocumentados. El flujo no se detiene; se calcula que aproximadamente 120.000 “autos chutos” ingresan anualmente al territorio nacional de forma ilegal, utilizando una red cada vez más densa de pasos clandestinos en zonas fronterizas críticas como el Salar de Coipasa y Tres Cruces. Esta avalancha ilegal inunda principalmente departamentos como Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija, consolidando zonas de total desregulación estatal.
Donde el canciller Aramayo ve una oportunidad para “atraer inversiones y tecnología”, la medida presidencial edifica un muro de desconfianza jurídica. El daño al comercio formal establecido en Bolivia es devastador. La CAB y los representantes de los importadores legales han manifestado un rechazo absoluto, advirtiendo que un “perdonazo” de esta magnitud asesta un golpe mortal a las empresas que pagan aranceles, generan empleo digno y cumplen con las normas tributarias. Legalizar lo ilícito destruye la competencia leal y, como alerta el sector privado, ahuyenta de manera definitiva la inversión extranjera seria. Ninguna multinacional automotriz invertirá en un país donde el propio Estado deprecia el valor del mercado formal para validar el contrabando masivo. Además, las alarmas se extienden al plano fiscal: la Cámara Automotriz señala que estos más de un millón de vehículos devorarán los ya escasos recursos destinados a la subvención de carburantes (gasolina y diésel), generando un desangramiento económico insostenible para el erario nacional.
Pero el impacto más grave de esta inconsistencia no se queda dentro de nuestras fronteras; se esparce como un veneno en las relaciones vecinales, dinamitando la aspiración de ser el “corazón articulador de la región”. El fenómeno de los autos chutos está intrínsecamente ligado al crimen transfronterizo, afectando directamente a la seguridad ciudadana de Chile y Brasil. En Chile, la indignación pública y diplomática ha escalado penosamente. De acuerdo con la Asociación de Aseguradores de Chile y la Cámara de Comercio Automotriz chilena (Cavem), cerca de 30.000 vehículos son robados al año en ese país, y se estima que al menos un 10% de ellos —unos 3.000 automóviles anuales— cruzan ilegalmente las fronteras hacia Bolivia como “chutos”. Ciudadanos chilenos de regiones norteñas y de Santiago ven truncada su seguridad diaria debido a mafias que roban con violencia para abastecer la demanda boliviana. El gobierno chileno ha calificado abiertamente esta política de amnistía como un “incentivo directo al delito y al contrabando”.
La situación en la frontera con Brasil no es distinta. Las extensas franjas fronterizas que conectan a Santa Cruz y Beni con los estados brasileños sufren el constante despojo de motorizados —muchos de ellos camiones y camionetas de alto valor agrícola— que terminan clonados o con patentes adulteradas en las provincias bolivianas. Al legalizar este parque automotor, el gobierno de Rodrigo Paz no solo blanquea el contrabando, sino que arriesga a Bolivia a ser percibida internacionalmente como un santuario para el lavado de activos de organizaciones criminales y redes de narcotráfico que controlan el circuito transfronterizo.
¿Cómo podría sentarse esta Cancillería boliviana nuevamente en las mesas del Mercosur, de la OEA o de los comités de integración fronteriza a exigir cooperación, inversión y respeto al derecho internacional, si al mismo tiempo el Ejecutivo convalida el despojo de los bienes de los ciudadanos de los países vecinos? La contradicción es vital y destructiva. La soberanía y el pragmatismo que defiende el canciller Aramayo se convierten en aislamiento y descrédito cuando el pragmatismo se deforma para complacer la informalidad delictiva.
Las naciones que prosperan, recordaba Aramayo en el cierre de su columna, “son aquellas capaces de convertir su reputación internacional en una ventaja estratégica”. Al impulsar la nacionalización de los autos chutos, el gobierno de Rodrigo Paz está haciendo exactamente lo opuesto: rifar la reputación internacional del Estado a cambio de una cuestionable paz social interna y una efímera recaudación fiscal de patentes.
Alto y claro: no se puede construir una diplomacia del interés nacional sólida si las llaves del vehículo que conduce al desarrollo provienen de un acto ilícito transfronterizo. Bolivia no puede ser el corazón de Sudamérica si actúa como el desguazadero de sus vecinos.
(*) Loreto Correa Vera es historiadora