La política no puede convertirse en un ejercicio de improvisación permanente. Mucho menos cuando se trata de decisiones que afectan la estructura productiva del país, la seguridad jurídica y la confianza de miles de ciudadanos que esperan señales claras del Estado. Lo ocurrido con la Ley de Reconversión Voluntaria de la Pequeña Propiedad Agraria (Ley 1720) expone, precisamente, uno de los mayores riesgos de la administración pública: la incoherencia en la toma de decisiones.
El 10 de abril, en medio de un acto cargado de simbolismo político y respaldo empresarial, el presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó la norma como una conquista histórica para pequeños propietarios rurales de hasta 500 hectáreas que durante décadas quedaron atrapados en las restricciones del régimen agrario boliviano. El argumento era sólido: sin acceso pleno al crédito, miles de productores permanecían condenados a la informalidad financiera y a una limitada capacidad de inversión.
En ese momento, el mandatario defendió públicamente la ley frente a sectores que promovieron rechazo desde organizaciones campesinas de Pando y acusó intentos de “manipular y confundir al campesino”. El Gobierno transmitía entonces una imagen de convicción política y decisión estratégica.
Pero menos de un mes después, la escena cambió abruptamente. Presionado por una marcha llegada desde el norte del país, el mismo presidente optó por abrir la puerta a la posible abrogación de la norma y trasladó la responsabilidad a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dos discursos. Dos anuncios. Dos posiciones incompatibles.
El problema no es únicamente político. También es institucional.
En un sistema presidencial, la promulgación de una ley no es un acto decorativo. Representa una decisión formal, jurídica y política asumida por el jefe de Estado en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Si existían dudas sobre la constitucionalidad, el impacto social o el alcance de la norma, esas observaciones debieron realizarse antes de la promulgación. La Constitución ofrece mecanismos claros: observación total o parcial, devolución al Legislativo o incluso consultas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Lo que no parece razonable es intentar que otro órgano del Estado elimine una ley que el propio Ejecutivo celebró públicamente semanas atrás.
La señal que deja este episodio es preocupante. Porque transmite la idea de que las leyes pueden depender más de la presión coyuntural que de una visión consistente de país. Y cuando eso ocurre, se erosiona la credibilidad del Estado, se debilita la seguridad jurídica y se instala incertidumbre en sectores que requieren previsibilidad para invertir y producir.
Gobernar implica escuchar, corregir y dialogar. Pero también exige asumir responsabilidad sobre las decisiones adoptadas. Un presidente no puede actuar como promotor entusiasta de una norma un día y como espectador distante al siguiente. La estabilidad institucional requiere coherencia, especialmente en un país donde las reglas económicas y productivas ya enfrentan demasiada fragilidad.
Bolivia necesita autoridades capaces de sostener sus decisiones o de rectificarlas con claridad y argumentos sólidos. Lo que no puede normalizarse es la política pendular, donde las leyes nacen con aplausos oficiales y semanas después quedan libradas al desgaste de la presión callejera. Porque cuando el poder transmite dudas sobre sus propias decisiones, la incertidumbre deja de ser un problema político y se convierte en un problema nacional.