Bolivia enfrenta, una vez más, una crisis compleja orquestada por grupos de poder económico y político vinculados al crimen trasnacional. Estas organizaciones criminales camuflan sus actos conspirativos detrás de demandas sectoriales que, aunque puedan ser legítimas en su origen aparente, no constituyen la causa real del conflicto. El crimen organizado ha movilizado millones de dólares —no millones de ciudadanos— para financiar una operación de desestabilización semejante a las que el país ya padeció desde principios de este siglo. Lo que se presenta como una protesta social espontánea responde, en realidad, a una estrategia de presión orientada a debilitar o derribar gobiernos constitucionales.
Y estas movilizaciones responden a un patrón sistemático y repetitivo, diseñado minuciosamente para estrangular al Estado mediante:
Fase de activación: Comienza con bloqueos esporádicos y la convocatoria a cabildos públicos para legitimar la movilización.
Escalada y polarización: Se desatan marchas violentas hacia los centros urbanos, exacerbando riesgosamente las fracturas históricas entre el mundo indígena y las ciudades.
Asfixia logística: Se implementan olas de bloqueos donde los sindicatos se turnan estratégicamente para mantener la presión. Esto crea un cerco completo a las ciudades, cerrándose paulatinamente para desabastecerlas de combustible, alimentos, medicamentos, oxígeno y paralizar el aparato productivo.
Crisis: El consecuente encarecimiento del costo de vida empuja a los gobiernos al cumplimiento de la ley y los obliga a ejercer el monopolio de la fuerza estatal. Durante los enfrentamientos resultantes se producen víctimas; muchas de ellas, significativamente, por disparos por la espalda provenientes de los mismos sectores “sociales” movilizados.
Paralelamente, se despliega una sofisticada operación discursiva. Un coro de supuestos analistas, activistas y operadores políticos locales e internacionales se encarga de sobredimensionar las rupturas de la sociedad boliviana. Algunas de esas tensiones efectivamente existen, como ocurre en toda democracia, pero son magnificadas y distorsionadas por estructuras vinculadas al crimen organizado que utilizan los conflictos reales como cobertura política para camuflarse.
A esta estrategia de encubrimiento se suma un entorno diplomático tradicionalmente adverso. En lugar de respaldar la institucionalidad, una red de gobiernos internacionales validó activamente el asedio.
Este coro político hemisférico —representado por personajes como Lula, Bachelet, Fernández, Kirchner, Correa, Chávez, Maduro, Díaz-Canel, Ortega, Morales y Arce, entre un largo etcétera— instrumentalizó la narrativa externa para sumarse a los actos conspiradores, debilitando la soberanía y preparando el camino para la toma de los países por parte de las mafias internacionales.
Ante esta ofensiva multidimensional, los presidentes bolivianos del pasado capitularon sin capacidad de respuesta en tres frentes críticos: el militar, el político y el discursivo. Esta vulnerabilidad histórica se agudizó por la total ausencia de una alianza internacional de países democráticos firmes, capaces de rechazar toda concesión al chantaje criminal. Como consecuencia de esa indefensión, los ciclos conspirativos previos concluyeron invariablemente en la renuncia forzada de los mandatarios o en la reducción drástica de sus mandatos.
Sin embargo, en el tablero internacional se acaba de producir un quiebre histórico que cambia radicalmente las reglas del juego. Bolivia siente hoy el peso y el respaldo de una verdadera alianza internacional.
Esta alianza es el resultado del tejido de conexiones estratégicas internacionales, gestionado con prudencia, bajo perfil y precisión quirúrgica por el presidente Rodrigo Paz Pereira y su canciller Fernando Aramayo Carrasco – sin intermediarios de por medio. Bolivia rompe décadas de aislamiento y desamparo para insertarse firmemente en la alianza democrática hemisférica.
Por primera vez en la historia bilateral reciente, el Pentágono y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, a través del secretario Pete Hegseth, se han pronunciado de manera directa y firme, advirtiendo que “Estados Unidos está atento”. Este hecho inédito vino acompañado de una llamada directa del secretario de Estado, Marco Rubio, al presidente Rodrigo Paz, asegurando un despliegue inmediato de asistencia humanitaria y de emergencia.
A través de un pronunciamiento oficial, el Departamento de Defensa de EEUU en coordinación con la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C) —respaldada firmemente por Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago—, rechazó categóricamente cualquier intento de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz.
Con la contundente frase “The United States is watching”, Washington y el bloque regional envían una advertencia directa a las estructuras del narcoterrorismo trasnacional. Los países miembros del Escudo de las Américas han denunciado con firmeza estos esfuerzos desestabilizadores: el gobierno de la mafia no puede reemplazar la decisión que la mayoría de los bolivianos tomó en las urnas.
Quienes financian estas protestas con dinero sucio del narcotráfico rendirán cuentas; quienes tengan demandas legítimas, deben canalizarlas a través del diálogo institucional ofrecido por el gobierno.
Paralelamente, el Bureau de Asuntos del Hemisferio Occidental confirmó la comunicación directa entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Paz. En la llamada se abordaron prioridades estratégicas para garantizar la estabilidad regional. El secretario Rubio fue categórico al reafirmar el compromiso de la Casa Blanca con la administración de Paz en su tarea clave de reconstruir el país luego de 20 años de políticas socialistas fallidas.
¿Por qué este momento es profundamente histórico y oportuno? Porque demuestra que la comunidad internacional ya no ve la crisis boliviana como un conflicto político aislado, sino como una batalla institucional global frente a redes criminales expandidas durante 20 años del MAS. La postura unificada de las dos alas más poderosas de la política exterior estadounidense —la diplomática y la de defensa—sumada al respaldo del bloque regional, confirma que el destino democrático de Bolivia es el eje de la estabilidad del continente.
El respaldo real está sobre la mesa. La soberanía, la libertad y el futuro de nuestra República ya no están solos; cuentan ahora con un peso estratégico e institucional robusto para frenar a las mafias y consolidar la democracia y la libertad. El 90% de los bolivianos ha votado contra el MAS, en cualquiera de sus expresiones legales e ilegales.
Está claro por dónde es el camino, ¿verdad?
(*) Erick Foronda es conferencista