La crisis generada por los bloqueos en Santa Cruz sigue mostrando señales de escalada y ya no se limita únicamente a los cortes de ruta. Mientras en distintos puntos del departamento persisten tensiones, amenazas y episodios de violencia, San Julián se convirtió en el principal foco de preocupación después del fallido intento de desbloqueo del pasado 6 de junio, una jornada que dejó policías heridos por impactos de bala, denuncias por presuntos grupos armados, viviendas saqueadas y a un alcalde obligado a abandonar su municipio por razones de seguridad.
Dos días después de los enfrentamientos, el alcalde de San Julián, Carlos Vaca, confirmó que se encuentra en la clandestinidad junto a su familia tras el ataque y saqueo de su vivienda por parte de grupos violentos que reaccionaron contra quienes supuestamente promovieron el levantamiento de los puntos de bloqueo. Según relató la autoridad municipal, los hechos ocurrieron luego de que la Policía retrocediera ante la resistencia encontrada durante el operativo.
“Yo ahorita estoy en la clandestinidad, hasta que se apacigüen los ánimos. Se entraron a mi domicilio, lo saquearon”, señaló Vaca, quien aseguró que otras propiedades también fueron atacadas. Entre los afectados mencionó al vecino Eduardo Mayra, cuya vivienda sufrió graves daños. El alcalde sostuvo además que los manifestantes arremetieron contra instalaciones policiales, provocando la retirada de los efectivos y dejando al municipio sin presencia de autoridades policiales ni municipales.
La autoridad reconoció que la situación terminó agravándose después del operativo. A su juicio, la participación de civiles junto a los uniformados generó mayor rechazo y contribuyó a radicalizar las medidas de presión. Como consecuencia, los bloqueadores reforzaron los puntos de cierre y extendieron los cortes hacia rutas alternas utilizadas por transportistas y viajeros.
Dos pasan a la cárcel
En paralelo, la justicia comenzó a definir la situación legal de los cinco hombres aprehendidos durante los enfrentamientos registrados en el municipio. Tras una audiencia cautelar desarrollada ayer lunes en el Palacio de Justicia, dos de los imputados fueron enviados con detención preventiva por 180 días a la cárcel de Palmasola, mientras que otros tres obtuvieron libertad bajo medidas sustitutivas, aunque deberán cumplir requisitos antes de regresar a su localidad.
El Ministerio Público presentó una imputación formal contra José Luis L. J., Virgilio Q. B., Esteban C. T., Ramirito C. A. y Rolando C. T. por siete delitos, entre ellos terrorismo, tentativa de homicidio, asociación delictuosa, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, destrucción de bienes públicos, atentado contra la libertad de trabajo y lesiones graves y leves.
La defensa cuestionó la acusación. El abogado Jacobo Rodríguez sostuvo que varios de los delitos atribuidos no guardan relación con los hechos investigados y anunció que apelará la determinación judicial respecto a los dos detenidos preventivamente.
Las repercusiones del caso también llegaron al ámbito político e institucional. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía contra grupos armados identificados durante los enfrentamientos.
El memorial solicita investigar presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de determinar si existió organización previa, distribución de funciones y estructuras de mando detrás de los hechos.
Desde distintos sectores surgieron pedidos para que el Estado refuerce su presencia en la zona. El presidente cívico Stello Cochamanidis demandó que se aplique la ley contra quienes participaron en los ataques, mientras que la diputada Catherine Pinto advirtió que el conflicto ingresó a una fase más peligrosa por el uso de armas de fuego. El diputado Alejandro Reyes consideró que existe una intención de desestabilización y pidió una respuesta proporcional.