La embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, fue expulsada de Bolivia en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que nuestro país atraviesa una “insurrección popular” y, en ese tono, se ofreció a mediar en el conflicto que golpea al país desde hace más de 20 días. Petro habló incluso de “presos políticos”. Estos dichos fueron calificados de injerencia.
La decisión fue anunciada por la Cancillería boliviana, que comunicó la conclusión de las funciones diplomáticas de la representante colombiana. El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, aclaró que la medida no implica una ruptura de relaciones entre ambos países ni afecta los históricos vínculos de cooperación y amistad. Precisó que su despacho estaba esperando una disculpa por vía diplomática por la forma en la que Petro se había referido a las protestas en el país.
Aramayo señaló que, si Colombia realmente deseaba ofrecer una mediación, debía hacerlo por los canales diplomáticos establecidos y no mediante redes sociales. “Eso muestra una carencia completa de las formas y mecanismos que rigen entre los Estados”, sostuvo la autoridad.
De hecho, Petro también dijo que las protestas y movilizaciones en Bolivia eran una respuesta a la “soberbia geopolítica” y pidió al gobierno de Estados Unidos no actuar contra el expresidente Evo Morales, quien se afirmó —sin pruebas— que Washington estaba interesado en capturarlo.
El presidente colombiano, en varias ocasiones, expresó respaldo implícito al líder cocalero, quien enfrenta una orden de aprehensión por no presentarse a declarar ante el Fiscal ni los jueces que intentan esclarecer las denuncias de trata y abuso a niñas que pesan en su contra.
“Que venga el señor Petro, que aterrice en el Chapare, en Chimoré, que tome de la mano al señor Morales y lo traiga para que rinda declaración”, expresó Aramayo. “Que acompañe al señor Morales a los juzgados para que responda por sus denuncias de pedofilia”, remarcó Aramayo a la prensa.
La senadora colombiana Paola Holguín cuestionó la postura del presidente Petro y lamentó que las relaciones exteriores en su país se manejen bajo criterios de afinidad ideológica. “Respetamos plenamente la decisión soberana de Bolivia. Lo preocupante es la constante intromisión del presidente colombiano en asuntos internos de otros países”, afirmó en contacto con EL DEBER.
En Bolivia, el diputado Ruddy Pantaleón (PDC) defendió la expulsión como una señal de defensa de la soberanía. En contraste, la diputada Patricia Patiño vio excesiva la medida y alertó sobre un deterioro de la libertad de expresión y del debate democrático.
En el contexto de la Convención de Viena, la embajadora García Carrillo tiene 72 horas para dejar el país. “No tenemos nada contra ella”, remarcó Aramayo.