Se aprobaron proyectos de ley departamentales y otro nacional para que las regiones envíen postulaciones para la próxima elección judicial. Se plantearon seis preguntas y una agenda de “unidad” para enfrentar al MAS en los comicios de 2025

26 de enero de 2023, 7:28 AM
26 de enero de 2023, 7:28 AM


A diferencia de los anteriores dos cabildos, con los que se reclamó un censo “oportuno y transparente”, el de anoche no aprobó plazos para llevar adelante paros y otras protestas. Esta vez, la conminatoria fue para que el Gobierno del presidente Luis Arce libere a “los presos políticos” y se encamine la reforma del sistema judicial, calificado de “corrupto”.

A tiempo de cuestionar “los abusos del poder central” y, particularmente de la Policía, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, formuló seis preguntas a los asistentes al cabildo, congregados a los pies del monumento Cristo Redentor. 

“¿Están todos de acuerdo en exigir al gobierno de Luis Arce que instruya y viabilice la aprobación de una ley de amnistía de un plazo no mayor de 30 días que determine la liberación de Luis Fernando Camacho y de todos los presos políticos de Bolivia?”, señala la primera parte de la quinta pregunta. Y continuó: “¿En caso de incumplimiento, están todos de acuerdo en comprometerse a impulsar activamente un proceso constitucional para revocar el mandato del presidente Luis Arce Catacora a partir de mayo próximo, por constituir su Gobierno un régimen dictatorial y antidemocrático?” La respuesta fue un “sí”.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, la revocatoria de mandato, así como cualquier otra iniciativa legislativa ciudadana, se pone en marcha con el respaldo explícito del 20% del padrón electoral. En este caso, se requieren de 1,5 millones de firmas para promover esa consulta ciudadana. Además, para que proceda el trámite, debe haber transcurrido más de la mitad del mandato de la autoridad electa a ser revocada.

Con estribillos de respaldo, los asistentes exigieron la liberación del gobernador Camacho, quien está recluido desde el 30 de diciembre de 2022 en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Llegó allí tras un violento operativo protagonizado por agentes encapuchados de la Policía. Tras ello, fue trasladado a La Paz en helicóptero con una parada técnica en la base de Chimoré. 

Este cabildo es por la libertad de cada uno de todos nosotros y que está personificada en el inaceptable, ilegal y abusivo secuestro y reclusión de nuestro actual gobernador, quien personificó la lucha del país contra el mayor fraude electoral en la historia de Bolivia, lo hizo como presidente del Comité pro Santa Cruz, como ciudadano encabezó la lucha de todos por la democracia”, apuntó Rómulo Calvo.

El Gobierno y las organizaciones afines al MAS acusan a Camacho de ser parte de una un supuesto “golpe de Estado” en 2019 y desconocieron el informe de la OEA con el que se acusó a Evo Morales de montar un fraude para ser reelecto por cuarta vez de manera consecutiva, una prerrogativa que no reconoce la Constitución, pero que fue avalado por el Tribunal Constitucional.

La Sala Constitucional Segunda de Sucre rechazó esta semana una acción popular planteada por el diputado Marcelo Pedraza (CC) para que el sistema judicial boliviano adopte el fallo de la Corte Interamericana de Justicia (Corte IDH) con el que sentencia que “la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano”.

En el cabildo y respecto al sistema judicial, Calvo se fue en picada contra el Gobierno al que le calificó de “delincuente y abusivo”. En ese contexto, se formularon las preguntas tres y cuatro. “¿Están de acuerdo con participar en la recolección de firmas, para que, mediante un referéndum, se exija una reforma parcial de la Constitución que permita que los jueces y fiscales sean ciudadanos honestos y probos?”, señala la tercera pregunta que se hizo anoche.

Ayer comenzó en todo el país la recolección de firmas para que se valide un referéndum que permita ese ajuste constitucional. La iniciativa ciudadana fue planteada por el grupo de juristas independientes que, incluso, propusieron cuatro preguntas para modificar parcialmente la Carta Marga. 

El presidente del Comité consideró que, dados los plazos, una parte medular de la iniciativa se podrá aplicar recién en el próximo mandato judicial y no antes de las elecciones de magistrados que se desarrollarán en noviembre. Así, planteó la cuarta pregunta “¿Están de acuerdo con dar el mandato a la Brigada Departamental para que, en el marco de la Constitución Política del Estado, presente una ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional que permita que las asambleas legislativas departamentales elaborar y aprobar ternas autonómicas para preseleccionar a candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejeros del Consejo de la Magistratura?”, apuntó el cívico.

Bajo el actual sistema de selección y elección de magistrados de altas cortes del Órgano Judicial, la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, aprueba las candidaturas sobre la base de criterios políticos y no meritocráticos. La reforma apunta a cambiar ese procedimiento, pero además a mejorar el presupuesto judicial. 

Calvo entregó el proyecto de ley al diputado Walthy Égüez, de Creemos, fundado, precisamente, por el gobernador Camacho. 

Con las dos primeras preguntas, el cabildo de anoche le entregó al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkoviv, dos proyectos de ley. El primero, da vida a la “Guardia Departamental”, una entidad que, según la propuesta, “velará por la seguridad ciudadana y la tranquilidad de los cruceños”. El líder cívico presentó varios videos en los que se ven agresiones contra los manifestantes que salieron a protestar luego de la captura de Camacho, el 28 de diciembre.

No estamos seguros con esta policía criminal y corrupta. La mayor fuente de inseguridad viene, precisamente, de estos policías que odian a Santa Cruz”, afirmó Calvo durante la exposición de los temas que fueron consultados a miles de asistentes.

El otro proyecto de ley departamental que recibió Matkovic es para la creación de un Defensor del Pueblo de alcance departamental, una entidad, según el criterio de los dirigentes, que debe velar por los derechos y libertades de los cruceños. La propuesta, según precisó el dirigente, no vulnera las competencias constitucionales del régimen autonómico.

La sexta y última pregunta fue para exigir a los líderes políticos de oposición a trabajar en un proyecto de “unidad” para enfrentar al MAS en los próximos comicios nacionales de 2025. 

“Que esta se convierta en la agenda de cada día. Tenemos un compromiso y una exigencia. En los micros y en las redes. Queremos una sola candidatura para derrotar a la dictadura. Una sola candidatura para recuperar la libertad y devolver la paz y la justicia. Este es el nuevo grito de guerra que ha nacido en este cabildo y se llama unidad”, complementó ante miles de asistentes.

En el resto del país, con temas propios de cada región, miles de personas aprobaron una agenda vinculada con el cambio del sistema judicial y la democracia. En Oruro, afines al MAS protagonizaron un plantón para evitar que el cabildo se instale. La marcha de los activistas tuvo que cambiar de ruta y denunciaron violencia.

El ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, reportó cinco heridos tras “un ataque” de los asistentes al cabildo de ayer.

Hay una derecha que pretende enseñarnos, a nosotros, quienes hemos defendido no solo ahora, sino ha sido un lucha permanente, la defensa de la democracia”, respondió el presidente Luis Arce.

La derecha, dijo el presidente, “quiere enarbolar la bandera de la democracia y de la libertad, que pertenecen al pueblo, para sus afanes desestabilizadores”, añadió en un congreso nacional minero que se realizó en Tarija.

El martes, en Buenos Aires, en el escenario de la Cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), Arce pidió que se condenen “ataques a las instituciones que no se pueden tolerar”, en alusión a las protestas que fueron reprimidas por la Policía entre el 28 de diciembre y la primera semana de este año. 

El ministro de Justicia, Iván Lima, cuestionó la amnistía porque, según dijo, afectará el cumplimiento de las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis de 2019.