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Hay malestar entre los pueblo indígenas de tierras bajas por la situación que envuelve a uno de sus dirigentes y deja de lado a otros sectores afines al Movimiento Al Socialismo sobre el caso de la malversación de recursos del ex  Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc), por lo que se han declarado en emergencia y el Parlamento Indígena se reunirá para exigir que también se investigue a exautoridades y exdirigentes indígenas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El dirigente que han declarado como perseguido es Adolfo Chávez, uno de los líderes de la XI Marcha Indígena, a quien una alerta migratoria le impidió viajar a Escocia; tenía que acudir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), donde iba a exponer ante representantes de 195 países sobre la extracción de minerales, hidrocarburos y las vulneraciones a los pueblos originarios.

Horas después de esta situación, se dio a conocer que, en 2019, el Tribunal Cuarto de Sentencia en Santa Cruz emitió condena en contra de Adolfo Chávez (y otras tres personas) por el caso ex Fondioc, a quien declaran autor del delito de incumplimiento de contratos y se le impuso la pena privativa de libertad de 5 años a cumplir en el penal de Palmasola, según un reporte de Los Tiempos.

Pero si se trata del ex Fondioc, los indígenas de tierras bajas observan que hay al menos 1.100 dirigentes que deberían ser convocados y cinco exministros del Ejecutivo a quienes se mencionó con nombre y apellido: Nemesia Achacollo (ministra de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia), Carlos Romero y Sacha Llorenti (exministros de Gobierno), Juan Ramón Quintana (exministro de la Presidencia) y Luis Arce Catacora (exministro de Economía y actual presidente de Bolivia).

Así lo expuso el líder indígena guaraní Celso Padilla en una entrevista con EL DEBER Radio quien sostuvo que el 95% de las personas que debe someterse a una investigación son afines al MAS.

"Era más fácil detener a Adolfo Chávez para que no viaje y no participe de la exposición en Escocia sobre todo lo que viene haciendo el Gobierno actual sobre la violación de los derechos indígenas en base a lo que es el extractivismo", lamentó Padilla.

Mirá la entrevista completa:Chávez había sido notificado sobre este caso en 2015 ha sido notificado y el Gobierno le extendió un mandamiento de aprehensión y lo declaró rebelde, pero el dirigente siempre estuvo presente en las movilizaciones de los pueblos indígenas, por lo que Padilla consideró que esto "no deja de ser una persecución política".

Además, el pliego petitorio de la marcha indígena y que hasta ahora no fue atendido por Arce Catacora, establece en su punto número seis que se demanda una auditoría externa al caso ex Fondioc, donde se observa que no están incluidas organizaciones como las Bartolinas Sisa y las ligadas al sector de Interculturales, a quienes Padilla acusó de contar con más de 100 proyectos fantasma.

"Nos vamos a reunir autoridades del Parlamento Indígena y vamos a dar los nombres. El 95% son personas afines al Gobierno, cuando fue Arce Catacora quien firmaba todos los cheques", apuntó Celso Padilla.

El 27 de julio de 2019, el Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz inició el juicio oral en contra de Chávez por irregularidades registradas en la administración de recursos del Fondo Indígena.

Chávez debía elaborar proyectos para las regionales de tierras bajas y a diseño final debía financiarlos con recursos del Fondo. Fue cuando se observaron irregularidades en la transferencia de 902.008 bolivianos en favor de la Cidob en la gestión 2010-2011. Hasta el momento ni Chávez ni sus abogados se han pronunciado respecto a la condena.

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