Caso narcovuelo: hasta ahora nadie asume responsabilidad por el envío aéreo de droga de Bolivia a España

El pasado 30 de mayo se conoció de manera pública que en febrero se había descubierto 478 kilos de cocaína procedente de Bolivia en el aeropuerto de Barajas, España, y que la carga había salido de la terminal aérea de Viru Viru, en Santa Cruz, a través del servicio de transporte de la estatal Boliviana de Aviación (BoA).

La noticia provocó una nueva ola de cuestionamientos, principalmente de parte de los políticos, que apuntan a una posible “protección” a la ilícita actividad, mientras que hasta el momento ninguna de las instituciones señaladas por este hecho asumió responsabilidad porque dicen que también se enteraron de lo ocurrido recién en mayo como el resto del país cuando el hecho ocurrió en febrero.

Es el caso de Elmer Pozo, gerente de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), y Ronald Casso, gerente de BoA, quienes el pasado martes aseguraron que ellos se enteraron del envío de esta carga el pasado 30 de mayo y que a partir de ese momento asumieron las investigaciones para esclarecer el hecho.

Casso señaló que, revisando las imágenes de las cámaras de seguridad, se comprobó que la carga fue “aumentada” en un contendor que se encontraba en un sector restringido del aeropuerto y deslindó la responsabilidad de la aerolínea afirmando que "hacemos servicio de transporte, no hacemos controles fronterizos".

La presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, también deslindó responsabilidad el pasado lunes y remarcó que, hasta donde esa instancia ha controlado la carga, “todo estaba normal, todo estaba bien”.

“Ya cuando pasó (la carga) al otro lado, al área estéril (o restringida) y en esos vagoncitos que lleva la carga hasta el avión, es donde presumiblemente habría ocurrido la manipulación de esta carga, pero la Aduana no tiene ingreso a ese lugar”, agregó Serrudo.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, indicó que “nadie puede llevar la cruz de otra persona” y que la instrucción es clara, al menos de su parte como autoridad nacional, para que este hecho sea investigado “caiga quien caiga” hasta llegar a la verdad.

Entretanto, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), José Illanes, dijo inicialmente que “de la mercadería no declarada, se tomó conocimiento a finales de febrero, pero que recién en marzo” se conoció que “se trataba de droga”.

Pero el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aclaró que la FELCN tuvo conocimiento de este caso recién en mayo, al igual que el resto de la población, y le solicitó de manera pública a Illanes que rectifique sus declaraciones.

Illanes, mediante un comunicado, finalmente se rectificó y aseguró que erróneamente cometió un “lapsus de lenguaje involuntario”.

“Mi persona tomó conocimiento sobre una noticia referente a una carga no declarada en el aeropuerto de Barajas – Madrid, en la que posteriormente descubrieron que contenía sustancias controladas en el mes de mayo y no así como se mencionó en marzo”, señala parte del comunicado.

No obstante, el exministro de Gobierno Carlos Romero afirmó que ya conocía en febrero de este caso y que esta información, según su versión, era manejada por redes policiales. Además, calificó como “inaceptable” que el ministro Del Castillo no se haya enterado antes de la incautación de la droga en el aeropuerto de Barajas.

Penetración del narcotráfico

Del Castillo también admitió que “el narcotráfico ha permeado a funcionarios dependientes de distintas instituciones”.

Consideró que se trata de una “mafia internacional” y que, dada la magnitud de la carga de droga, no solo actuaron dos personas, es decir, los dos funcionarios de BoA que ya se encuentran encarcelados por este hecho.

Aunque el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, le “aclaró” al Ministro de Gobierno que “para llegar a este punto, con el narcotráfico dentro de las instituciones estatales, han sido el MAS y sus dirigentes quienes abrieron las puertas a los narcotraficantes en una convivencia que lleva años, pero que se ha radicalizado en la gestión de Luis Arce y Eduardo del Castillo”.

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