La Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó este jueves 25 de junio la resolución aprobada un día antes sobre la crisis que atravesó Bolivia durante más de 50 días de protestas y bloqueos de carreteras. El documento expresa solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos, rechaza los hechos de violencia y respalda el despliegue de una misión de alto nivel para acompañar la recuperación de la paz y del orden constitucional.
La resolución denominada “Situación en el Estado Plurinacional de Bolivia” fue adoptada durante la cuarta sesión plenaria con la que concluyó la 56ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Ciudad de Panamá desde el lunes 22.
En su diagnóstico, la Asamblea expresa preocupación por las interrupciones en rutas estratégicas de abastecimiento, las amenazas contra infraestructura crítica y la suspensión de la provisión de bienes y servicios esenciales.
Ese escenario se produjo durante más de siete semanas de cortes de caminos que aislaron ciudades como La Paz, sede del Gobierno, y El Alto. Además del desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno, el conflicto dejó al menos 14 personas fallecidas por no haber podido llegar oportunamente a centros médicos, según los reportes reunidos durante la crisis. También se conocieron casos de transportistas que murieron después de quedar atrapados en las carreteras.
Las movilizaciones comenzaron con demandas económicas y sectoriales, pero posteriormente incorporaron la exigencia de renuncia o reducción del mandato del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el Gobierno hace seis meses.
La OEA tomó nota de los esfuerzos realizados por el Estado boliviano y sus instituciones para preservar la estabilidad democrática. Al mismo tiempo, remarcó que las medidas destinadas a recuperar el orden público deben respetar el marco legal, los compromisos internacionales y los derechos humanos, incluido el derecho a la protesta pacífica.
La resolución contiene cinco determinaciones. La primera expresa solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Bolivia. La segunda rechaza los actos de violencia, las vulneraciones de derechos humanos, la interrupción de servicios esenciales y las amenazas contra infraestructura crítica que afecten la estabilidad democrática, el Estado de derecho y la convivencia pacífica.
El organismo también pidió a las partes fortalecer los espacios de diálogo, reducir las tensiones y respetar los derechos humanos y el orden constitucional.
En otro de sus puntos, alentó al Gobierno boliviano a adoptar las medidas “necesarias, legales y proporcionales” para garantizar la seguridad pública, proteger los derechos fundamentales y restablecer el funcionamiento normal de los servicios esenciales.
El quinto punto da la bienvenida al despliegue de una misión de alto nivel integrada por Estados miembros de la OEA. Su objetivo será apoyar al Gobierno democráticamente elegido en sus esfuerzos por recuperar la paz y garantizar el orden constitucional.
El texto final no incluye una relación nominal de votos, abstenciones o rechazos. Durante la fase de negociación, Paraguay presentó comentarios al proyecto, aunque la versión definitiva no registra una reserva o posición contraria de ese país.
El respaldo político había quedado reflejado esta semana mediante una declaración conjunta suscrita por 15 gobiernos: Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú.
Esos países expresaron preocupación por el efecto de los bloqueos sobre la democracia y el Estado de derecho, denunciaron la afectación de servicios esenciales y rechazaron las acciones destinadas a debilitar o derrocar a un Gobierno elegido democráticamente.
Durante un encuentro paralelo convocado el martes por Estados Unidos, Bolivia y Argentina, el canciller Fernando Aramayo afirmó que la crisis dejó de ser únicamente una protesta vinculada con reivindicaciones económicas y se convirtió en una amenaza contra la estabilidad institucional y los derechos fundamentales.
La posición boliviana también recibió el respaldo del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Estuardo Ralón, quien sostuvo que la protesta pacífica está protegida por el sistema interamericano, pero no así los bloqueos prolongados y los hechos de violencia que ponen en riesgo la vida de terceros.
La resolución sobre Bolivia se enmarca en la Declaración de Panamá, el documento central con el que concluyó la Asamblea. Ese pronunciamiento reafirma el compromiso de los Estados miembros con la democracia representativa, el Estado de derecho, los derechos humanos, la cooperación hemisférica y la solución pacífica de las controversias.