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La Caja Nacional de Salud (CNS) anunció la auditoría de las gestiones 2019, 2020 y 2021, además del congelamiento del proceso de nuevas contrataciones para el siguiente año, ante el escándalo por la existencia de contratos fantasmas.

El presidente del directorio de esa instancia, Marco Salvatierra, confirmó que despareció la documentación de Antonio Parada, que había trabajado por tres meses como responsable de recursos humanos, y que actualmente es investigado por los ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz.

“Desaparecieron los archivos personales y también en sistema, de Patricia M., que trabaja actualmente en la institución, que está involucrada en este caso de los ítems fantasmas, contratos irregulares, también de Antonio Parada, que trabajó como jefe de recursos humanos por tres meses, no tenemos fecha de ingreso ni cuánto percibía salario”, sostuvo, en conferencia de prensa.

También estaría involucrado en las irregularidades Mario L., que trabaja en la unidad de planillas a nivel nacional, sobre quien tampoco se conoce su fecha de ingreso a la institución. Son al menos nueve los involucrados en los presuntos hechos de corrupción.

La conferencia:


“Hemos recomendado una auditoría total en la contratación de recursos humanos por la partida 96, que corresponde al plan de contingencia por el Covid-19 (…) Se van a secuestrar las carpetas a través del departamento de auditoría y transparencia”, afirmó el representante en entrevista con radio Fides.

La Caja Nacional de Salud cuenta con 9.750 ítems ocupados y 3.078 acéfalos. Las autoridades recomendaron que estos últimos sean asignados a través de concursos de méritos, luego de una investigación y de acuerdo con los requerimientos.

Sin embargo, anticipó que la medida no afectará a los más de 3.329 contratas recurrentes que ya prestan servicios por más de cinco años. “Hoy estamos recomendando que todos los contratos que se van a realizar para la gestión 2022 que queden en statu quo hasta poder secuestrar las carpetas”, reiteró.

La Fiscalía calcula un daño económico al Estado de más de 137.000 bolivianos y se indagan al menos 80 contratos irregulares. Tres aprehendidos por los hechos fueron remitidos en días pasados a la cárcel, con detención preventiva de seis meses.

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