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La comisión especial que investiga la intervención policial y militar en Sacaba y Senkata recomendó ayer, en su informe final, iniciar dos juicios de responsabilidades a la presidenta Jeanine Áñez y su gabinete. 

El primero es por la firma del decreto 4078, que eximió de responsabilidades penales a los militares ante la intervención contra la población civil y, el segundo, por los hechos sucedidos en estas dos poblaciones, donde fallecieron 36 personas y decenas resultaron heridas. 

La noticia fue confirmada por el diputado masista Víctor Borda.

“La Constitución dice que no se puede dar fueros ni privilegios absolutamente a nadie, ni facultades extraordinarias, por eso ha visto por conveniente la comisión, que este decreto es contrario a la Constitución y hay un incumplimiento de deberes y omisión, por tanto, se ha determinado juicio de responsabilidades a todos los ministros que han suscrito este decreto”, dijo el parlamentario.


El decreto 4078 fue emitido el 14 de noviembre de 2019, dos días después de que Áñez jurara a la Presidencia y había conflictos en todo el país, tras la renuncia de Evo Morales, empujado por una huelga general de 21 días, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas de que deje el cargo.

El artículo 3 de esta norma eximía de responsabilidad a los militares. “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales”, señala este decreto.

Este decreto fue duramente criticado por organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Human Rights Watch y Amnistía internacional, hasta que fue derogado a finales de noviembre. Para indemnizar a los muertos, el Gobierno de Áñez emitió el decreto 4100, en el que otorgaba Bs 50.000 a los familiares de los fallecidos.

La respuesta de la mandataria fue inmediata y lo hizo a través de su cuenta personal en Twitter y pidió respetar la libertad y la Ley. “El MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no solo es el gobierno de la mayoría. Además, es el gobierno ajustado a ley y es el gobierno que respeta la libertad”, señala la publicación.

El informe concluye que los que irán a juicio son todos los ministros que firmaron el decreto 4078, que son: Jeanine Áñez Chávez, Karen Longaric Rodríguez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Yerko Núñez Negrete, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, María Elva Pinckert de Paz, Mauricio Samuel Ordóñez Castillo y Roxana Lizárraga Vega.

Muchos de ellos duraron poco tiempo en el Gobierno, como son los casos de Jerjes Justiniano Atalá y Roxana Lizárraga, que fueron cesados por disentir con la postulación de la Áñez a la Presidencia.

Segundo juicio

Pero también se definió un segundo juicio de responsabilidades por los sucesos en Sacaba, en el departamento de Cochabamba y Senkata, en la ciudad de El Alto donde se produjeron 36 muertes aproximadamente.

“Se ha determinado juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte y asociación delictuosa, por los hechos en Sacaba y Senkata”, dijo Borda.

El 15 de noviembre, al menos 11 civiles fueron muertos y otros 120 resultaron heridos en Sacaba. El Gobierno aseguró en su momento que muchas de las personas habían sido matadas por la espalda y con el uso de calibres que no son de reglamento.

El 19 de noviembre, el gobierno decide romper los bloqueos en Senkata para buscar combustible. Según la versión gubernamental, los movilizados trataron de hacer estallar los reservorios de combustibles de Senkata y pese a los muertos negó el uso de armamento letal contra los movilizados.

 Procesos ordinarios

Según el diputado Borda, al margen de los dos juicios de responsabilidades contra la mandataria, hay otros juicios ordinarios a los que deben ser sometidos otras exautoridades. Estas recomendaciones se encuentran dentro el informe final de la comisión especial que investigó los casos Sacaba-Senkata.
En dicho documento figura el juicio ordinario contra los ministros, Arturo Murillo y Fernando López, Gobierno y Defensa respectivamente, por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas por los hechos de Sacaba y Senkata.

También figura el juicio ordinario por los delitos de genocidio y asesinato contra el coronel de Policía, Jaime Zurita Trujillo, excomandante departamental de Cochabamba por los hechos de Sacaba y otro similar contra el coronel de Policía Franco Suárez por la matanza de Senkata.

Asimismo, aprobaron juicio ordinario contra el ex comandante del Ejército Williams Kalimán Romero y del general de Policía Vladimir Yuri Calderón por los delitos de asesinato, genocidio y otros. Ambos estaban en funciones durante el motín policial y Kalimán fue el encargado de leer la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que Evo Morales renuncie a la Presidencia.

Consultados al respecto, asambleístas del MAS aseguraron que no está en la agenda parlamentaria la aprobación de los permisos de los juicios de responsabilidades. El jueves, la Asamblea Legislativa tendrá su última sesión.

Los hechos

Movilización
Luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, el 10 de noviembre, quedaron dos frentes movilizados, uno de los cocaleros, en Chapare, y otro de vecinos de El Alto.

Sacaba
Cocaleros y habitantes de Sacaba se movilizaron en contra del gobierno de Jeanine Áñez, al que consideraban golpista y fueron repelidos por una fuerza conjunta entre policías y militares en las afueras de Sacaba. Hubo decenas de muertos y heridos.

Senkata
Al igual que sucedió en 2003, La Paz estaba asfixiada por los bloqueos y sin combustible. El Gobierno de Áñez decidió organizar un convoy hacia la planta de Senkata, rompiendo el bloqueo masista y generando un enfrentamiento.