Creemos: Denuncias sobre violaciones a DDHH por parte del Gobierno son consideradas por la CIDH en su informe
La afirmación se sustentó en el informe de la instancia internacional, titulado "Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia"
En conferencia de prensa, la senadora Centa Rek y la diputada María René Álvarez, de la alianza política Creemos, abordaron el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Bolivia, titulado "Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia".
Las legisladoras resaltaron que las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y democráticos, por parte del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), estén siendo consideradas por el organismo internacional.
Rek observó que la CIDH recomienda al Gobierno boliviano ajustarse a estándares internacionales en los juicios penales, lo que implica cambios en los procesos judiciales locales.
Además, hizo hincapié en que el informe refleja la persecución contra líderes cívicos y políticos, situando a Bolivia como uno de los países con situaciones persecutorias reconocidas internacionalmente.
En este tema, tanto Rek como Álvarez resaltaron la importancia de las denuncias documentadas y que han sido presentadas por Creemos, haciendo énfasis en la sumisión del Órgano Judicial al Ejecutivo y en el uso abusivo de detenciones preventivas.
Asimismo, señalaron que estas prácticas afectan la separación de poderes y constituyen un grave daño a la democracia.
La perspectiva del Gobierno
Luego de que el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, tildara el informe de la CIDH como "lapidario" para la justicia del Gobierno de Luis Arce, salió a responderle el ministro de Justicia, Iván Lima, quien negó la existencia de presos políticos en el país.
Sin embargo, admitió como "fundamental" la agenda para una reforma judicial integral. Dijo que la CIDH identifica varios puntos, sobre los cuales aseguró que el país está avanzando.
Entre estos puntos están la necesidad de una carrera judicial, e institucionalidad, y de mayor inyección de recursos al Órgano Judicial. Lima además valoró la recomendación de implementar leyes y normas que eliminen el tipo penal de terrorismo y normas que violan el principio de legalidad.
