Crisis migratoria alimenta a ‘coyotes’ de Bolivia y Chile; la Iglesia Católica pide un acuerdo

Los ‘coyotes’, como se conoce a los tratantes de personas que lucran con la necesidad de miles de migrantes, han proliferado en la inhóspita y árida región donde está el paso fronterizo Pisiga-Colchane que vincula a Bolivia y Chile. Cada día pasan por allí hasta 500 personas, la mayoría de ellos venezolanos, que pagaron “un alto costo” para escapar de la pobreza.

“Hay gente que les cobra hasta unos 90.000 pesos chilenos (unos Bs 734) para llevarlos desde la frontera hasta Iquique, que son 236 kilómetros, cuando eso es lo que cuesta viajar, ida y vuelta, desde Colchane a Santiago, la capital, que está a más de 2.000 kilómetros”, explicó a EL DEBER el profesor Mauricio González que enseña a los niños de Colchane hace 33 años. “Nunca en mi vida he visto una tragedia y una crisis de estas dimensiones”, apuntó.

En muchos casos, los migrantes no tienen esos recursos y optan por caminar esos 236 kilómetros. Muchos no llegaron a destino y murieron con hipotermia o golpeados por la falta de alimentos.

En muchos otros casos, los ‘coyotes’ solo cobran por mostrar a los migrantes la ruta “para pasar al frente” y allí los dejan. Chile restituyó este año las zanjas y militarizó el control de cuatro municipios fronterizos, pero eso no frenó la crisis humanitaria que se agravó con las protestas en Iquique, precisamente, contra la migración.

Colchane es una comuna formada por unas 1.550 personas, la mayoría de ellas de origen aimara. La densidad geográfica de esa zona es de un habitante por cada cuatro kilómetros y es, por lo tanto, una de las menos pobladas de la región. En Pisiga había 718 habitantes en 2021, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

González contó que esta explosión migratoria estalló en los últimos tres años, pero se agravó por efecto de la pandemia. Contó que en 2021 “todo el pueblo colapsó” por la falta de servicios higiénicos, alojamiento y comida. En menos de dos días, la cantidad de migrantes duplicó a los habitantes de Pisiga y de Colchane. Eso sí, hubo gente que se benefició de la necesidad. “Muchos, tanto en Chile como en Bolivia, lucran con la crisis humanitaria. Además, mucha gente cobra solo para hacer pasar y ofrecen alimentación muy cara”, afirmó el docente.

En sintonía con esa realidad, la capilla de Colchane se llama Nuestra Señora de los Dolores, pero es un sitio de esperanza. Se convirtió en un albergue para niños, mujeres y personas de la tercera edad. González ha visto a muchos de ellos, incluso a personas morir en el desierto. Señaló que los varones tenían que quedarse en la calle a esperar los controles de PCR y antígeno nasal necesarios para continuar, porque para las autoridades de su país fue imposible atenderlos en un solo día. “No estábamos preparados, como municipio ni como país, para ver esta crisis humanitaria”.

De acuerdo con datos preliminares presentados por autoridades de Chile, solo en 2021, han muerto 27 personas, cuatro de ellas de nacionalidad boliviana, en su intento por llegar ciudad portuaria de Iquique. De esa lista, 15 personas fueron plenamente identificadas por las autoridades.

Colchane está a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. La zona es desértica “y uno puede ver la hilera de maletas, mochilas y otras prendas que dejan los migrantes en el camino”, señala el profesor, quien cree que puede haber otros restos humanos que no fueron recuperados hasta el momento.

La temperatura por las noches y durante la madrugada es baja. En promedio llega a los 10 grados bajo cero en invierno, todo esto sin contar con las complicaciones que puede generar la altura en las personas no habituadas.

González y su colega Jazmín Sánchez, además de ser profesores, han sido voluntarios y colaboraron con la Iglesia católica para prestar ayuda a esa población vulnerable. Sus testimonios, junto con la de los migrantes, están reflejados en el documental ‘Esperanza sin Fronteras’ que se presenta el 18 de mayo en la Cineteca de Chile que está en el Centro Cultural de la Moneda de Santiago. La idea es sensibilizar a su país, pero también llamar la atención sobre esa tragedia regional.

“No podemos ir a dormir sabiendo que hay niños durmiendo en una plaza, con temperaturas bajo cero, que están llorando, que piden dormir. Tratamos de darles a esas familias una noche digna, porque desde que salen de Venezuela, es la dignidad lo que han perdido, porque les ha tocado dormir en la calle, comer comida vencida, que sacan de la basura”, señala el profesor González.

Rosa Marschhausen, coordinadora de la Pastoral Social Caritas del Obispado de Iquique, señaló que el “Estado de Chile está fallando”, porque no pudo activar una solución que permita atender la problemática de manera integral. “La solución no pasa por medidas aisladas, sino que es necesario que trabajemos en red, de forma coordinada y ordenada, porque hoy por hoy ni siquiera hay cifras oficiales que nos permitan saber la magnitud del problema y atender las necesidades de chilenos y de migrantes”, puntualizó.

El documental incluye imágenes de lo ocurrido en septiembre de 2021 en la ciudad de Iquique, Chile, con la “Marcha No + Migrantes”, cuando un grupo de vecinos incendió un campamento de venezolanos. Ese episodio fue calificado de xenófobo y generó una gran tensión en el país vecino.

Varios habitantes de Iquique expresaron su molestia porque la ciudad turística fue rebasada por la inesperada ola migratoria.
El politólogo Carlos Cordero, que asesora a la Conferencia Episcopal de Bolivia, explicó que la Iglesia chilena y varios sectores de la sociedad de ese país exteriorizaron su preocupación por esa realidad, marcada por la tensión y, en algunos casos, por el rechazo a la migración que llega, especialmente, desde Venezuela. Destacó la existencia de iniciativas silenciosas y solidarias que se ejecutan en Chile y en Bolivia.

“En Chile, la migración ha sido masiva, pero no aquí, esto por las oportunidades que tiene el país. Quizá por eso, el Gobierno reaccionó con cierta indiferencia a esta crisis humanitaria, la mayor que enfrenta esta región”, afirmó.

La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) calcula que más de 5,9 millones de personas dejaron Venezuela en los últimos años, de las cuales alrededor de 4,6 millones se encuentran en América Latina y El Caribe. El flujo migratorio es el más grande en la historia de la región, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En Bolivia vivían 18.940 personas migrantes y refugiadas venezolanas a finales de 2021. Esa cifra incluye a un número importante de personas en situación irregular, que enfrentan un riesgo de que se vulneren sus derechos, señalan los resultados de la Encuesta de Monitoreo de Flujos en 14 municipios de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Tarija, Beni y Pando, que realizó la oficina en Bolivia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2021.

Según datos del Servicio Nacional de Migraciones (SNM) de Chile, para 2020 (el último dato disponible) había 448.138 venezolanos en ese país de un total de 1.462.103 extranjeros, lo que representa el 30% de residentes.

Por su lado, el Servicio Jesuita a Migrantes de Chile (SJM) destacó que “por su propia naturaleza, es imposible de conocer a ciencia cierta” estas cifras. Sin embrago, agregó, en un informe, que sí se pueden considerar los datos disponibles de personas que cruzaron la frontera a través de pasos no autorizados.

“Este indicador para el flujo migrante venezolano es de 43.449 casos, mientras que para el total de migrantes es de 56.586” informa el SJM. Agregó que “es importante recalcar que al menos un 30% de estos casos son autodenuncias de los mismos migrantes, otro porcentaje es susceptible a solicitar refugio, o protección complementaria, por lo tanto, su ingreso no constituiría una falta, sin contar situaciones de trata o tráfico, a la que muchos migrantes se enfrentan”.

La encuesta de la OIM-Bolivia señala que la gran mayoría de los venezolanos llega a Bolivia por vía terrestre (94,7%). La ruta migratoria que utilizan es la que recorre Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú antes de llegar a Bolivia. “También existe un porcentaje de personas que pasa por Bolivia para llegar a Chile y posteriormente retorna”, señala el reporte.

Asimismo, su condición migratoria las hace más propensas a ser objeto de violencia, explotación y abuso. “En la encuesta, el 47,4% de las personas que trabajó durante su viaje indicó haber realizado alguna actividad laboral sin recibir el pago acordado”. Eso sí, solo el 6% de los encuestados dijo que fue obligado a trabajar, pero el 46% de ese segmento afirmó que esa vulneración le pasó en Bolivia.

Tras llegar al poder, en marzo, el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, planteó una solución regional con “cuotas migratorias”, un plan como el que aplicó la Unión Europea en 2011 por la migración masiva de Siria. Al mismo tiempo, su gobierno activó un plan para mejorar la seguridad en el control de las rutas de acceso desde Bolivia y Perú junto con un plan “contra las mafias que se lucran con el tráfico de personas y las bandas de crimen organizado” que hay en la frontera, un tema que está en la agenda con Bolivia.

Para el profesor González, ni las zanjas ni la militarización ayudaron a frenar la migración ilegal. La zona está afectada, además, por la actividad del narcotráfico y contrabando de autos ‘chutos’.