Denuncian que contratos mineros observados por Arce fueron demorados por Choquehuanca 21 meses
Los contratos observados pretendían ser entregados a empresas que no tienen que ver con el rubro
63 contratos mineros que fueron observados por el presidente Luis Arce estuvieron en las oficinas de la Vicepresidencia por un año y nueve meses y recién la tarde de este martes fueron considerados en sesión de Asamblea, denunció la bancada de CC, que relató cómo fueron enviados los contratos al Ejecutivo.
“El actual presidente del Estado (Luis Arce) le remitió hace un año y nueve meses estas observaciones, el vicepresidente (David Choquehuanca) año y nueve meses después recién convoca a sesión. Hoy le hemos reclamado al vicepresidente porque nos parece otro hecho irregular y en su descargo dice que como son 63 contratos, se ha tenido que tomar todo el tiempo para estudiar uno por uno los mismos, pero este argumento no nos convence”, dijo el jefe de bancada de CC en Diputados, Carlos Alarcón.
La tarde de este martes los asambleístas fueron convocados a considerar las observaciones que realizó el Ejecutivo a la adjudicación de contratos mineros. Los contratos fueron rechazados por los legisladores en forma unánime y Alarcón dijo que un grupo de estos fueron entregados al Ejecutivo en 2007 y otro grupo dos días después que el MAS ganó la elección de 2020.
“Dos días después de las elecciones del año 2020, cuando la anterior Asamblea Legislativa dominada por dos tercios del MAS ya sabía que se tenían que ir a su casa porque se les acababa su tiempo de mandato, entre gallos y medianoche, de manera acelerada, sancionaron 5 leyes y aprobaron 63 contratos mineros, que según el actual presidente, fueron otorgados a empresas mineras que no tenían la menor calificación y capacidad, ni experiencia, ni trayectoria para llevar adelante estos emprendimientos mineros”, denunció Alarcón.
El diputado Sandro Ramírez (MAS) dijo que este tema y las circunstancias en las que fueron aprobados estos contratos pueden ser investigados, pero a su vez reconoció que en medio de esos contratos hay empresas que realmente hicieron su trámite legal y hoy están perjudicadas.
“Podemos investigar, pero antes de eso lo que tiene que hacerse es averiguar, hacer el trabajo como corresponde. A las irregularidades hay que subsanarlas y no perjudicar a algunas empresas que son legales”, declaró el diputado oficialista.
