Denuncian suspensión de reversión de tierras a responsables de incendios y la Procuraduría lo niega

La Procuraduría General del Estado de Bolivia decidió suspender temporalmente la reversión de tierras afectadas por incendios forestales ilegales en 2023, a pesar de haber emitido un dictamen al respecto a principios de año. Según una carta presentada por activistas ambientales, la decisión fue tomada luego de una reunión celebrada el 18 de junio con dirigentes empresariales. Sin embargo, pese a una carta oficial firmada, la Procuraduría negó la información y dijo que sigue con los procedimientos.

El 2 de enero de 2024, el Gobierno había presentado un dictamen con un listado de 40 propiedades responsables de quemas efectuadas el año pasado, indicando que aquellas que dejan de cumplir con su función económica y social podrían ser revertidas, tal como señala la Constitución Política del Estado. Sin embargo, la reciente suspensión del proceso ha generado inquietud entre la ciudadanía, que se pregunta sobre la transparencia del Gobierno y su compromiso con la protección del medioambiente.

Al darse a conocer la situación en varios medios de comunicación, la Procuraduría emitió un comunicado en el que indica que continúa con la investigación especializada sobre las afectaciones a la Madre Tierra ocasionadas por quemas y chaqueos no autorizados en el territorio nacional. La entidad desmintió así la información que sugería que se había acordado suspender las indagaciones tras una reunión con empresarios ganaderos.

Asimismo, sostuvo que la investigación, que se inició en octubre de 2023, sigue avanzando con 28 requerimientos, recordatorios y mandatos procesales emitidos hasta la fecha. En su comunicado, la entidad subrayó que sus acciones están centradas en la protección y conservación del medioambiente, además de estar en proceso de análisis de posibles sanciones, que incluyen la reversión de tierras y la imposición de multas económicas, de acuerdo con el Decreto Supremo 24533.

Como parte de esta labor, la Procuraduría ha trabajado en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Asimismo, enfatizó que cualquier posible reversión de tierras se llevará a cabo tras una revisión exhaustiva, cumpliendo con las disposiciones de la Ley N° 337 de 2013.

“A solicitud del Órgano Ejecutivo”

Una carta obtenida por el medio Sumando Voces revela que la Procuraduría decidió suspender temporalmente la reversión de tierras afectadas por incendios forestales ilegales en 2023. La decisión fue comunicada por el procurador César Siles a los presidentes de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni), Walter Ruiz y Hernán Julio Nogales, respectivamente.

En el documento, Siles informa que, tras una reunión celebrada el 18 de junio y a solicitud del Órgano Ejecutivo, se ha decidido suspender la aplicación del dictamen, particularmente en lo que se refiere al inicio del procedimiento de reversión de tierras. Este proceso debía coordinarse con la ABT y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), pero ha quedado en pausa.

El punto dos del dictamen también ordena al INRA que coordine con la ABT para analizar e identificar el incumplimiento de la función económica social, como consecuencia de chaqueos y quemas ilegales en propiedades rurales agrarias o ganaderas que generaron incendios de magnitud en territorio nacional.

De acuerdo con la normativa boliviana, la Función Económica Social (FES) debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. Al evidenciarse que esas tierras están siendo quemadas en perjuicio del medioambiente y con directo perjuicio y afectación al conjunto de la sociedad, se estaría incumpliendo ese principio. Por lo tanto, es causal de reversión de esas tierras a propiedad del Estado.

Ven intereses económicos y políticos

Sobre el tema, el concejal de Santa Cruz, Federico Morón, expresó su preocupación porque se trata de la primera vez que el Gobierno identifica de manera georreferenciada a los propietarios de las tierras donde se iniciaron los incendios, que en 2023 devastaron más de 3,5 millones de hectáreas, pero evidencia una selectividad en la aplicación de la ley, sugiriendo que podría haber intereses políticos y económicos en juego. 

De la superficie mencionada, de acuerdo al dictamen, unas 2,3 millones de hectáreas se destinan a la agricultura y ganadería. Además, de las 40 propiedades productivas, 26 estarían en Beni, 13 en Santa Cruz y una en La Paz. 

"El Gobierno tiene el toro por las astas, pero lo hace a su antojo", afirmó, sugiriendo que esto podría transformarse en una forma de extorsión, ya que los responsables de los incendios han sido identificados, pero la reversión de tierras se ha detenido", cuestiona.

“El Gobierno tenía identificado quiénes ardieron el 2023 y pudieron haber frenado los incendios de este año”, afirmó Morón en declaraciones a EL DEBER Radio, al referirse a la suspensión del proceso de reversión de tierras de estos predios en junio de 2024, luego de una reunión en la que participó el ministro de Justicia, Iván Lima, y representantes empresariales de Santa Cruz y Beni. Según el concejal, dicha suspensión responde a compromisos políticos y económicos entre el gobierno y los empresarios involucrados, lo que ha dejado en pausa la reversión de tierras contemplado en el dictamen mencionado.

“El Gobierno se transforma en cómplice de quienes nos están intoxicando con humo”, enfatizó Morón, cuestionando si estas acciones podrían considerarse extorsión. Además, denunció una selectividad en la aplicación del dictamen, afirmando que, mientras algunos responsables de los incendios fueron identificados, otros, especialmente vinculados a sectores afines al Gobierno, no fueron incluidos.

Y agregó: "nivel técnico, se cuenta con toda la información georreferenciada, con detalles precisos de hora y fecha, lo que permitiría un análisis completo y transparente. Por ello, tanto diputados como senadores deben solicitar acceso a todos los datos técnicos que respaldan el dictamen. Las preocupaciones apuntan a una posible omisión intencional de ciertos empresarios afines al Gobierno, lo que podría estar generando un proceso selectivo para extorsionar, presionar o negociar con actores específicos del sector", indicó Morón.

EL DEBER consultó al INRA sobre la disposición de la Procuraduría General, pero el director no respondió hasta el momento.

Desde la ABT, el director Luis Flores confirmó que se tiene prevista una conferencia de prensa para mañana con el procurador General del Estado, César Siles, en las oficinas de la ABT en Santa Cruz a las 10:30, donde se espera que se brinden más detalles sobre la situación y las acciones que se están llevando a cabo para abordar este grave problema ambiental en Bolivia.

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