Diplomáticos de “listas negras” denuncian al Estado ante la CIDH por $us 7 MM
Diplomáticos bolivianos de carrera culpan al canciller Rogelio Mayta por despidos, aseguran que fueron “condenados a una especie de muerte civil” y que no consiguen trabajo porque forman “parte de listas negras”.
Diplomáticos de carrera demandaron al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por siete millones de dólares porque aseguran que fueron despedidos de su fuente laboral por el actual canciller Rogelio Mayta y que ahora no pueden conseguir trabajo debido a que formarían parte de “listas negras”.
“Hace más de dos años, el canciller Rogelio Mayta despidió a casi al 100% de los diplomáticos de carrera del servicio exterior boliviano sin ningún proceso legal como exige la ley y después, más adelante, cubrió su ilegal acción señalando de que no existe carrera diplomática”, dijo este lunes el diplomático Javier Viscarra, quien hizo declaraciones ante los medios en La Paz acompañado de varios de sus colegas.
Viscarra agregó que, después de más de dos años y tras agotar la vía jurídica interna, “los diplomáticos de carrera han presentado, hace algunas horas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una demanda por violaciones a los derechos humanos, justamente, identificando al canciller Rogelio Mayta y a magistrados del Tribunal Constitucional como autores de la violación de mandatos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Señaló que aquella acción de hace más de dos años, “de discriminación política y animadversión a los diplomáticos profesionales”, tuvo como objetivo reemplazarlos por militantes políticos del partido oficialista “sin competencias, sin formación especializada y menos con experiencia para representar los intereses del Estado boliviano”.
Por eso, “habiéndose agotado la vía judicial en Bolivia y ante la parcialidad de los tribunales, los diplomáticos afectados han decidido interponer este recurso internacional. También, quiero decirles, que los diplomáticos de carrera hemos sido casi condenados a una especie de muerte civil, (porque) después de este tiempo, ninguno de los compañeros puede lograr un espacio de trabajo en las instituciones públicas y otros organismos especializados, porque formamos parte de listas negras”, remarcó.
Asimismo, ratificó que “la demanda contra el Estado representa siete millones de dólares” y, además, aclaró que por el momento es sólo un monto inicial.
Según datos de Viscarra, actualmente están vigentes más de 200 diplomáticos en el país y que los mismos no representan ni el 20% ni el 10% de la población laboral de la Cancillería.
