El Día Mundial de la Madre Tierra cambia el festejo por la preocupación
Bolivia ocupa el tercer lugar en el mundo en cuando a superficies deforestadas. La ley para proteger la Madre Tierra valida un "paquete incendiario" de medidas, denuncian activistas
Este sábado 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra. La fecha está establecida por la ONU con la finalidad de recordar la importancia de la tierra como generadora de vida. Como cada año, la celebración abre la puerta para el reclamo por la falta de políticas sostenibles de cuidado y respeto al medioambiente. Este año, desde la ONU se clama por un justo equilibrio entre las necesidades económicas, las sociales y las ambientales.
El 21 de diciembre de 2010 se promulgó la ley que reconoce los derechos de la Madre Tierra. En la misma normativa se estipulan las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos, para el vivir bien de las generaciones presentes y futuras.
Alcides Vadillo, abogado y director regional de la Fundación Tierra, trabaja incansablemente en buscar una solución a los conflictos socioambientales en el departamento de Santa Cruz. Para él, la ley “es solo una declaración de principios, de buenas intenciones. Pero no es una ley, porque no tiene instrumentos operativos para que sus principios se materialicen y aunque crea una Defensoría de la Madre Tierra, en 12 años no ha habido un solo juicio o sanción por esta entidad en defensa de los derechos de la tierra” afirma.
Más bien, Vadillo, al igual que otros ambientalistas, considera que la ley conlleva un “paquete incendiario”, pues abarca unas 12 normas que perdonan los desmontes ilegales, dan permisos de exportación de carnes, de etanol, autorizaciones para quemas y chaqueos en tierras forestales, entre otras.
Estas acciones, explica, vulneran la Ley de Madre Tierra, “y esta es la realidad productiva y económica que impulsa este Gobierno, al punto de que Bolivia es el tercer país a nivel mundial en deforestación, después de Brasil y Congo. Bolivia es el principal consumidor en el mundo de mercurio, utilizado para la explotación de oro, contaminando las aguas de la región amazónica y contaminando a la gente”.
Vadillo cree que si una ley no tiene la capacidad de obligar a ciertos proyectos que tengan estudios de impacto ambiental, sería una ley inaplicable. “La ley necesita tener instrumentos, y éste es el gran desafío, crear los mecanismos de regulación ambiental, no basta con una declaración de principios”, reclama a las autoridades.
Como parte de la redacción de su tesis doctoral, el abogado y vicerrector académico de la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), José Antonio Landriel, estudia la vigencia y la probabilidad fáctica del cumplimiento de la Ley 071. En el fondo, se plantea reconocer el estatus de sujeto de derecho a la Madre Tierra y, por tanto, hacer valer sus derechos.
Landriel explica que en Bolivia, por ahora, los derechos de la Madre Tierra no son adecuadamente exigibles y justiciables. Coincide con Vadillo al considerar que esta ley es “una ficción o un anhelo motivacional que contrasta con la cotidianeidad de las políticas públicas en todos los niveles del Estado, la ausencia de institucionalidad e instrumentos jurídico-normativos idóneos y de manera medular, la flagrante pasividad de la sociedad en su conjunto y los impactos de contaminación, deforestación e explotación irrestricta de recursos naturales, que a diario exhiben la degradación y devastación de nuestros ecosistemas”.
El análisis propuesto por el académico demanda "urgentes medidas de políticas públicas de promoción ambiental, exenciones impositivas y promoción de cuidado ecosistémico" como parte de un accionar propositivo.
Las acciones, destaca, deben partir del ámbito político y no del legal. Las leyes vigentes "no pueden materializarse sin tener en cuenta las relaciones de poder", resalta. Y enfatiza en la incoherencia entre el actual discurso político "sobre los derechos de la Madre Tierra, el desarrollo sostenible y la importancia de conservación ecosistémica" con la falta de una práctica responsable por parte, ante todo, de las autoridades.
Se requiere asumir una decisión política firme en todos los niveles del Estado. Las normas trazan los limites, pero el cuidado de la naturaleza apunta al resguardo de los derechos de la Madre Tierra desde un "enfoque sustentable y de resguardo de los diferentes ecosistemas", concluye el autor de la tesis.
