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El exministro Adhemar Guzmán, quien fue ministro de Desarrollo Productivo durante el gobierno transitorio Jeanine Áñez, anunció que comparecerá este jueves a la Fiscalía por el caso Fundempresa, pero dijo que teme por la vulneración de sus garantías constitucionales.

“Existen riesgos de que no se respete el debido proceso y se vulneren libertades y garantías”, remarcó el exministro en una declaración remitida a EL DEBER.

Guzmán fue ministro de Desarrollo Productivo del gobierno transitorio de Jeanine Áñez entre septiembre y noviembre de 2020, luego de ser viceministro en esa misma cartera de Estado

El Gobierno, a través del ministro de Justicia Iván Lima, planteó en marzo un juicio de responsabilidades contra el gobierno de Áñez por un crédito del Fondo Monetario Internacional y la concesión, supuestamente ilegal, del Registro de Comercio a Fundempresa.

Según esta acusación, Áñez y sus ministros son sospechosos de cometer los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y daño económico al Estado. El exministro Guzmán negó todos estos cargos.

“La concesión fue ampliada por el decreto 4356 por otros 15 años con el compromiso de que Fundempresa invierta dos millones de dólares para modernizar sus servicios y hacerlos virtuales, según lo impone la pandemia del Covid”, puntualizó la exautoridad.

Por el registro de empresas, la entidad sin fines de lucro transfirió Bs 21,4 millones en 2017 y Bs 22,6 millones en 2018. Con el contrato renovado, “Fundempresa debía transferir el 43% de sus ingresos en favor del Estado”, señaló Guzmán.

“La ampliación de esta concesión fue una medida de política pública, necesaria y conveniente en el momento en que se la adoptó y en el contexto de la pandemia”, insistió.

Para este jueves también está prevista la comparecencia del exministro de Desarrollo Productivo, Abel Martínez.

La expresidenta Áñez, detenida en el penal de Miraflores de La Paz pero por un proceso ordinario, se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio el miércoles cuando un fiscal la visitó en el centro de reclusión.

El magistrado Edwin Aguayo informó el pasado 1 de abril que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aplicó el “control jurisdiccional” a la propuesta acusatoria planteada por el Ministerio de Justicia en el marco de estos juicios de responsabilidades.

“Ya estamos en la posibilidad de aplicar las garantías constitucionales. Los plazos están determinados en expedientes y eso es absolutamente ineludible; son 30 días”, remarcó la autoridad en una escueta declaración formulada a requerimiento de los periodistas.

En ese marco, la Fiscalía tiene hasta este 30 de abril para presentar el requerimiento de acusación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el Órgano del Estado que debe solicitar de manera formal al Legislativo la autorización para el juicio de responsabilidades.

Los otros juicios de responsabilidades planteados por la administración de Luis Arce contra Áñez están relacionados con la vulneración a la libertad de expresión durante la cuarentena de 2020 y afectaciones a ciudadanos bolivianos que intentaron retornar al país desde Chile por causa de la pandemia.

Entre tanto, la exmandataria cumplió esta semana 30 de días de reclusión tras ser acusada por delitos de conspiración, sedición y terrorismo, delitos que, según el Gobierno del MAS, pudo cometer cuando ascendió al poder, luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia en medio de una compleja crisis política.

El ministro Lima aseguró, en reiteradas ocasiones, que en el caso del juzgamiento de altas autoridades se cumple con el debido proceso.



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