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El 5 de noviembre la Fiscalía emitió dos órdenes de aprehensión en contra de los exministros, Arturo Murillo y Fernando López, quienes tienen una causa abierta en el Ministerio Público por denuncia de Elvira Rojas Orellana y otros seis diputados del MAS, por el delito de uso indebido de influencias.


“El presente mandamiento se expide en cumplimiento al requerimiento fundamentado que va adjunto a la presente orden de aprehensión”, señala el documento que lleva la firma de los fiscales Marco Villa Pareja y Luis Fernando Atanacio Fuentes.


La orden de aprehensión se libró dentro de las investigaciones por la compra supuestamente irregular de los gases lacrimógenos son supuesto sobreprecio. Las dos exautoridades también tenían una alerta migratoria para que no puedan abandonar el país y la Dirección Nacional de Migración debía entregar su informe hoy.


El Director Nacional de la FELCC, coronel, Alberto Aguilar, confirmó que ellos recibieron los requerimientos de la Fiscalía y que con esas órdenes se busca a las ex autoridades. Un canal de televisión mostró una foto en la que se ve al ex ministro, Arturo Murillo a su ingreso a Panamá.


El documento de aprehensión coincide con la renuncia al cargo de ministro que hiciera Murillo. Este presentó su renuncia al mediodía del 5 de noviembre, ese mismo día la Fiscalía emitía la orden de aprehensión, pero recién se conoció hoy.


La denuncia


De acuerdo con la denuncia, el 19 de diciembre de 2019, sin ser unidad solicitante, el ministro de Defensa, Fernando López, firma un contrato con la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, por la suma de 250 a 270 bolivianos por cada cartucho de gas lacrimógeno, dependiendo del modelo, lo que implica que el Estado pagó en total 5,6 millones de dólares por dicho armamento no letal, señala el informe de la Asamblea y en la que se apoya la investigación fiscal. La compra la realizaba en realidad el Ministerio de Gobierno.


En agosto de este año, los fiscales acudieron hasta oficinas de los dos ministerios y tomaron las declaraciones de ambas exautoridades, en ese entonces se informó que Murillo y López entregaron todos sus descargos y los fiscales debían revisar esa documentación. Por esa declaración ambos exministros ya pueden ser imputados.


El daño económico que identificó la fiscalía llega a unos dos millones de dólares aproximadamente.


El 3 de noviembre, Murillo ofreció su última conferencia de prensa en horas de la tarde cuando acusó de ser perseguido por el entonces coronel de Policía, Jhonny Aguilera. Fue la última comparecencia pública de la exautoridad.


La investigación de este caso empezó el 8 de junio de este año, la Fiscalía de La Paz admitió la denuncia de siete diputados del MAS en contra de las dos exautoridades por la compra irregular de armamento no letal y gases lacrimógenos.