“Gobernar escuchando al pueblo”: Choquehuanca respalda el referéndum de Arce

A contrarreloj y sin el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el presidente Luis Arce envió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las preguntas para el referéndum, dos de las cuales plantean abrir la Constitución Política del Estado (CPE), para modificar los artículos 168 sobre la “reelección discontinua” y la 146 relativa a la cantidad de diputados o escaños parlamentarios.

No obstante, sobre este último punto, el ministro de Justicia, Iván Lima, dejó en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Asamblea Legislativa, la redistribución de escaños con base en los resultados del último Censo de población y vivienda. Si ambos órganos cumplen su trabajo, dijo que incluso, la consulta sobre los escaños, puede quedar “desfasada”.

“Es posible que esa pregunta quede desfasada, dado que si en un país como éste, el resultado del Censo es trabajado técnicamente por el Órgano Electoral y se aprueba una ley, no sea necesaria esta pregunta porque ya el tema esté resuelto. Esperemos que se dé esa situación”, dijo Lima en conferencia de prensa.

La pregunta 4 del referéndum de Arce dice:

¿Está Ud. de acuerdo con modificar el artículo 146 Numeral I de la Constitución Política del Estado para incrementar el número de 130 diputados para que ningún departamento pierda su actual representación y que los departamentos con mayor población reciban un mayor número de diputados en función al resultado del Censo de Población y Vivienda 2024?

La pregunta 1 dice: ¿Está Ud. de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del Presidente y Vicepresidente del Estado, sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua lo cual implicaría modificar la Constitución Política del Estado?

Base jurídica

A pesar de los cálculos y la estrategia de recurrir primero al TCP, con una Acción de Inconstitucionalidad en contra de dos artículos que le impiden al jefe de Estado convocar a referéndum para modificar la Constitución, Arce envió las consultas al TSE, sin el paraguas del Tribunal Constitucional, porque éste aún no dio respuesta a su pedido.

Lima dijo que ya se descartó esa vía porque están contra el tiempo tomando en cuenta que el objetivo es que el referéndum se realice el 1 de diciembre, el mismo día de las elecciones Judiciales, y para llegar a esa meta, se deben cumplir plazos y procedimientos que establece la norma electoral.

“No podemos esperar más y vamos a optar por el camino que señala la Ley 026 (de Régimen Electoral), que también le permite al presidente Luis Arce poder convocar a un referéndum”, dijo la autoridad, y explicó que ahora el mecanismo para el referéndum de Arce se basa en el artículo 18 de esa norma, que según Lima “fundamenta un principio constitucional”.

El inciso a), del parágrafo II del artículo 18 de la Ley 026 dice que el presidente del Estado “remitirá mediante nota, al Tribunal Supremo Electoral, para la evaluación técnica de la o las preguntas, el cual remitirá informe técnico en el plazo de setenta y dos (72) horas, pudiendo incluir redacciones alternativas a la pregunta para garantizar su claridad, precisión e imparcialidad”.

Para sustentar ese principio constitucional, Lima cita el artículo 7 de la CPE que dice que “la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada”; y el inciso 1) del artículo 11 que habla de la democracia directa y participativa se ejerce “por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa”.

“Es decir que el pueblo boliviano puede y debe intervenir en la política. Es parte de la democracia directa reconocida por la Constitución que el pueblo participe en el debate de los temas que son de su interés”, defendió Lima.

En toda su explicación, el ministro Lima no citó el rol de la Asamblea Legislativa, en caso de que se llame a referéndum para consultar cambios a artículos de la Constitución. “Que dejen de confundir al pueblo boliviano de que aquí se está reformando la Constitución. El pueblo boliviano puede intervenir y decidir con su voto y de forma soberana”.

Lima también citó el artículo 16 de la Ley 026 que dice que tanto el presidente del Estado y la Asamblea Legislativa pueden convocar a referéndum nacional.

No obstante, la autoridad eludió mencionar el segundo párrafo del artículo 23 de la misma ley 026 que dice que la reforma parcial de la Constitución Política del Estado “podrá iniciarse por iniciativa popular”, o por la Asamblea Legislativa “mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios de sus miembros presentes”.

La norma establece además que “la aprobación de cualquier reforma parcial requerirá referendo constitucional aprobatorio convocado por mayoría absoluta de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa”.

Y es justo este último párrafo que el Ejecutivo, con la Acción de Inconstitucionalidad que presentó ante el TCP, el diputado arcista Juan Jáuregui, buscaba que se declare inconstitucional para que Arce convoque a referéndum mediante decreto-

El presupuesto para las elecciones judiciales del 1 de diciembre —calculado hace más de año— sufrirá un incremento porque el pago a proveedores de materiales y la logística se endosa en dólares. El proceso ahora le costará al Estado Bs 230 millones, Bs 46 millones más que el monto previsto en 2023, cuando venció el plazo legal para elegir a magistrados.

Con el incremento cifrado en 20%, estas justas serán más caras que los comicios generales de 2020, cuando Luis Arce fue elegido presidente, tras la crisis de 2019.

El vocal electoral Tahuichi Tahuichi explicó que el ajuste en el presupuesto se debe al “aumento de costos y de logística” que se necesita para desarrollar las elecciones judiciales. “El presupuesto para las elecciones judiciales parte de un monto de Bs 184 millones, establecido en 2023, cuando debieron realizarse esas elecciones; ahora, debido al aumento de costos y logística, estamos realizando un reajuste que ascenderá a Bs 230 millones”, afirmó Tahuichi.

Las judiciales fueron fijadas para el 1 de diciembre de este año y, según su calendario electoral, hay 36 actividades hasta el día de la votación, una de ellas es el empadronamiento masivo que se realizará hasta el próximo 30 de agosto.

A pocas horas de haber anunciado que envió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las preguntas para el referéndum sobre la continuidad o no de la subvención a los combustibles, la redistribución de los escaños parlamentarios y la reelección presidencial continua o discontinua, el presidente, Luis Arce, defendió la consulta porque -en materia de carburantes- “va ser muy costoso” seguir adelante.

“Como estamos no vamos a poder seguir adelante, va a ser muy costoso, quizás más costoso que enfrentar el levantamiento gradual, paulatino, sistemático, estratégico y sectorial, como quiera llamársele, de la subvención, para que poco a poco nos vayamos liberando de este lastre que afecta a todo el país”, expresó en un acto por el 72 aniversario de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, realizado en Santa Cruz.

El ministro de Justicia, Iván Lima, citó dos artículos de la Constitución Política del Estado, un artículo de la Ley 026 y el Pacto de San José de Costa Rica para defender la legalidad de la eventual convocatoria del presidente Luis Arce a un referendo consultivo. Asimismo, remarcó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene 72 horas para pronunciarse sobre la carta que envió el jefe de Estado.

"La misma Constitución Política del Estado señala en su artículo 7, que la soberanía reside en el pueblo boliviano, y se ejerce de forma directa y delegada. La directa es a través del referendo", puntualizó el ministro.