Gobierno consulta al TCP sobre ley de Estados de Excepción y el MAS analiza su promulgación

El Gobierno elevó una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la ley de Estado de Excepción que fue sancionada por la Asamblea Legislativa y enviada al Órgano Ejecutivo el 19 de junio, confirmó este miércoles el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra. 

Desde el MAS, el vicepresidente del Senado, Omar Aguilar, anunció que su bancada parlamentaria analiza la posibilidad de promulgar la norma en caso de que no lo haga la presidenta del Estado, Jeanine Áñez.

“Esta no es una ley para regular los estados de excepción, sino que es una ley que invade las facultades y las competencias del Órgano Ejecutivo. La Asamblea Legislativa tiene potestad para legislar, fiscalizar y gestionar, esta ley que ellos han presentado lo único que intenta es establecer, desde la Asamblea, un golpe hacia el Gobierno”, dijo el ministro de Justicia en conferencia de prensa.

El 17 de junio la Cámara de Diputados sancionó la Ley de Estados de Excepción que fue propuesta por la Defensoría del Pueblo, dos días después fue remitida al Ejecutivo para su promulgación. Los ministros de Defensa y de Gobierno, Luis Fernando López y Arturo Murillo, respectivamente, adelantaron entonces que recurrirían al Tribunal Constitucional Plurinacional.

El memorial que llegó hasta el TCP señala que la presidenta Jeanine Añez solicitó la consulta y, además, pidió “como medida cautelar la suspensión del procedimiento legislativo hasta la emisión de la declaración constitucional”. De acuerdo con el ministro Coimbra, la ley no puede entrar en vigencia hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional.

La autoridad explicó que las observaciones son dos, a la disposición adicional única en la que el Ejecutivo debe remitir al Legislativo, en 48 horas, todos los decretos y resoluciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas referidas al uso de armamento letal para que sean convertidas en ley.

La segunda observación fue contra la disposición transitoria única, porque nuevamente el Legislativo establece  plazo de 24 horas al Ejecutivo para que remita informes sobre todas las medidas que asumieron en este tiempo de emergencia y los resultados de las mismas. Coimbra considera esto como una intromisión a las tareas del Ejecutivo y la anulación de todos los bonos que aprobó el gobierno.

El MAS

Desde la otra acera de la plaza Murillo, de La Paz, el senador Omar Aguilar afirmó que el Gobierno recurre a este tipo de estrategia cuando no encuentra una salida legal a las normas que son sancionadas por el Legislativo. Recordó el caso de la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos que fue recurrida en enero y recién en febrero el TCP admitió la norma, pero hasta ahora, seis meses después, no se pronuncia.

Desde su punto de vista, cualquier ley puede ser consultada en un inicio y lo debe hacer el proyectista para salvar el aspecto de la constitucionalidad del proyecto de ley. En el otro caso, la norma puede ser demandada de inconstitucional cuando está promulgada y no cuando está sancionada por el Legislativo.

Por esa razón, las directivas de las dos cámaras realizarán una reunión para analizar las salidas legales de la norma. Uno de los caminos, según Aguilar, es la promulgación a cargo de la presidenta del Senado, Eva Copa, tal como sucedió en otras oportunidades, dijo.

El golpe

Los dos órganos del Estado, Ejecutivo y Legislativo, se acusaron de intentar golpes institucionales. El ministro Coimbra dijo que esta ley tiene como objetivo plasmar un golpe de estado, porque las dos últimas disposiciones así lo indican. Aseguró que la intención de pedir informes en 48 horas y en 24 horas para otro caso, previstos en la ley vulneran las facultades del Ejecutivo.

Pero el senador Aguilar afirmó que los intentos de golpe institucional vienen desde el Ejecutivo, porque son los que amenazaron a la presidenta del Senado, Eva Copa, por el caso de los ascensos de los militares y, además, propiciaron un juicio a cargo de los militares. Recordó también que las declaraciones del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, representan una amenaza constante sobre toda la población.