Gobierno de Luis Arce sufre cuarto revés político al tratar de imponer una norma
El Gobierno está conminado por los gremiales a cumplir cuatro demandas hasta el viernes o empezarán las protestas
El proyecto de ley 218 conocido como Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas; el decreto 1386; el proyecto de Ley 280 y ahora el decreto 5143 son las cuatro normas que el Gobierno tuvo que desechar ante la ola de protestas que se generaron entre 2021 y 2023.
“El Decreto Supremo (5143) lo único que hace es reglamentar esa ley (de 1887) y por lo tanto nosotros vamos a mantener la norma”, había advertido hace una semana el ministro de Justicia, Iván Lima que era el más entusiasta en mantener la vigencia del decreto. Al cabo de estos siete días tuvo que retroceder y fue el primero en los discursos que dieron por abrogado el polémico decreto.
“Lo que buscábamos era uniformar los trámites, que no se inventen requisitos en Derechos Reales, buscábamos la simplificación y la modernización de los trámites”, lamentó la autoridad en su corto discurso.
La confederación de gremiales se reunió en Tarija y aprobó cuatro demandas al Gobierno al que dieron 72 horas para su cumplimiento. El régimen simplificado; la provisión de dólares; el proyecto de ley 280 que sigue en el parlamento y el abrogado decreto 5143.
“Pero no solamente es ese tema. Se ha dado un plazo de 72 horas hasta el día jueves para que dé una solución definitiva sobre los cuatro puntos”, advirtió el ejecutivo de los gremiales a nivel nacional, Jesús Cahuana.
Las tres derrotas anteriores
En octubre de 2021 los gremiales a la cabeza de su fallecido dirigente, Francisco Figueroa pedían el retiro del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, conocida como ley 218 y que estaba en tratamiento en la Cámara de Diputados. Después de tres semanas de protestas el Gobierno recogió su proyecto de la Asamblea en un intento por desactivar la movilización.
Pero el septuagenario dirigente subió la presión y recordó que ese proyecto ya tenía un decreto, el 1386, denominado 'Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo' que fue convertido en Ley en agosto de 2021, Figueroa la llamó, “Ley madre” y exigió su abrogación.
Para la segunda semana de noviembre de ese año, el Gobierno se vio arrinconado nuevamente porque a las protestas de gremiales se sumaron los transportistas y los cívicos que pedían la abrogación de otras cuatro leyes. Al Gobierno no le quedó otra alternativa que abrogar la ley.
En 2023 el Ejecutivo volvió a la carga y repuso el proyecto de Ley 280 bajo el nombre de “Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, pero no duró mucho, en el lapso de dos semanas nuevamente el Gobierno tuvo que retroceder. El tratamiento se inició el 4 de abril de 2023 y fue retirado el 17 de ese mes.
Este martes se conoció que la diputada Lidia Tupa presentó una carta de reposición del mismo proyecto, aunque las perspectivas de su tratamiento en el pleno son nulas, porque la Cámara de Diputados está bloqueada desde noviembre de 2023.
