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El Gobierno nacional denunció este miércoles un daño económico de 8.9 millones de bolivianos por destrozos o irregularidades en contrataciones en los medios estatales desde noviembre de 2019 hasta octubre de 2020, en el periodo transitorio de Jeanine Áñez.

Gabriela Alcón, viceministra de Comunicación, presentó los datos en conferencia de prensa, mencionando a exdirectores y exgerentes de Bolivia Tv, Patria Nueva, las radios originarias y el matutino del Estado.

“Son más de 8.965.000 bolivianos el daño económico que se tiene por bajar la señal, desmantelamiento, ataque y quema de nuestros medios de comunicación (…) Como servidores públicos estamos sujetos a fiscalización, tenemos responsabilidades y obligaciones, gerentes, directores, funcionarios, que tenían responsabilidades y no las cumplieron”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el cierre de emisión de 92 horas que sufrió Bolivia Tv, tras la toma de sus instalaciones y la destrucción de algunas de sus repetidoras; 135 dejaron de operar por falta de mantenimiento, requiriendo unos dos millones de bolivianos para su reparación.

La conferencia de prensa:


“En 2019 Patria Nueva tenía un total de cobertura del 80 por ciento, en 2020 solo el 15 por ciento, hay un daño económico de 962.500 bolivianos, más de un millón de personas no tenían acceso a la radio”, lamentó.

Asimismo, advirtió que en 2020 se contrató 242 personas por más de 10 millones de bolivianos, en contraparte, en 2021 se empleó a 185 personas por 4 millones de bolivianos, como parte de consultorías.

“Se determinarán los tipos de delitos que se investiguen, presentaremos como corresponde, tenemos a los gerentes, directores, nosotros estamos en la obligación de presentar la denuncia porque hablamos de un daño económico  al Estado”, agregó la viceministra.

Esta primera etapa de investigación evidenció la presunta comisión de delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, entre otros, y habrá una segunda indagación en la que se determinará a los responsables para iniciar acciones judiciales.

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