El ministro de Justicia recuerda la recomendación 10 del GIEI sobre los hechos de 2019. Se espera masivas concentraciones en las ciudades capitales

25 de enero de 2023, 14:33 PM
25 de enero de 2023, 14:33 PM

El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que el cabildo nacional, convocado por cívicos y líderes de oposición, busca que se otorgue amnistía a quienes incurrieron en graves vulneraciones de derechos humanos durante 2019.

Sostuvo que ese planteamiento está en contraposición a la recomendación 10 del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que manda investigar y sancionar a los responsables de los hechos.

“Invito a la población a que lea la recomendación 10 del informe del GIEI, nos dice que el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías, que es lo que se está pidiendo en este cabildo. Han creado una categoría de 183 perseguidos políticos y están pidiendo que se decrete una amnistía; se preguntarán ¿quiénes son esas 183 personas? entre ellas están los militares, policías y exministros acusados por las masacres de Sacaba y Senkata”, explicó.

Recordó que las personas detenidas están por hechos de graves vulneraciones a los derechos humanos, entre ellas las mascares y ejecuciones sumarias registradas entre el 15 y 19 de noviembre de 2019. Además de hechos de corrupción y casos relacionados a afectaciones al erario público, entre otros.

“Hay muchos políticos, están alcaldes, gobernadores y personas que no quieren rendirle cuentas a la justicia”, señaló.

Agregó, “estamos hablando de que este cabildo de esta tarde, está buscando amnistiar a personas que han cometido graves violaciones de los derechos humanos, que no lo decimos nosotros, lo dice el informe del GIEI, lo dice la Justicia boliviana con imputaciones y con detenciones preventivas, pero este cabildo y otras movilizaciones, buscan dejar sin efecto los procesos mediante una amnistía”.

En horas pasadas una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país para verificar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones dadas a conocer al país el pasado 17 de agosto de 2021, luego de que los investigadores del GIEI confirmaran la comisión de graves vulneraciones cometidas principalmente por las fuerzas del orden a cargo del Gobierno de Jeanine Áñez.