Hay orden de captura contra Evo; la fiscal dice que no la reveló antes por seguridad

Evo Morales tenía una orden de aprehensión desde el 16 de octubre, pero ayer se recién se hizo pública su imputación por el delito de trata y tráfico de personas agravada. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que ocultó la noticia de orden de captura contra el expresidente por seguridad de policías y fiscales, ya que no pudieron llegar a la dirección de la vivienda de Morales en el trópico de Cochabamba y tuvieron que emitir un edicto porque no se llegó al domicilio del líder cocalero.

“El día de hoy (ayer) se ha presentado la imputación formal por el delito de trata de personas. Existe y ha existido la orden de aprehensión para estas dos personas porque incumplieron al no presentarse el día que fueron citados”, afirmó Gutiérrez en la ciudad de Tarija.

La investigación fiscal contra el exmandatario y la madre de la supuesta víctima se inició el 26 de septiembre de este año en la Fiscalía Departamental de Tarija, inicialmente con una orden de aprehensión contra Morales, quien no se presentó a prestar su declaración informativa.

Gutiérrez mencionó que informes de la Policía Boliviana y de Inteligencia dan cuenta que no lograron dar con el domicilio del exmandatario en el municipio de Villa Tunari y en la localidad de Lauca Ñ, ambos en el trópico de Cochabamba, por los riesgos técnicos y operativos de los funcionarios policiales debido a la falta de seguridad y la resistencia organizada en el lugar.

“Antes no lo hice público porque los informes entregados por la Policía Boliviana, a través de sus diferentes unidades, indicaban que existían amenazas de diferentes tipos. Yo no quería ser cómplice de eso, ya que respetamos la vida y así lo establece la Constitución Política del Estado. Por eso no hemos hecho público el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales y la señora Idelsa Pozo (mamá de la supuesta víctima)”, detalló la fiscal departamental tarijeña.

Gutiérrez añadió que se solicitó una alerta migratoria para las dos personas imputadas debido a que tiene conocimiento de que Evo Morales todavía se encuentra en el país, mientras que la madre de la supuesta víctima estaría en San José de Pocitos, en plena frontera con Argentina.

La fiscal recordó que, previamente a la imputación, el Ministerio Público también publicó un edicto para que Morales y Pozo se presenten a prestar su declaración informativa, pero una vez concluido el plazo de diez días tampoco lo hicieron.

Según la autoridad fiscal, la imputación data desde el 16 de octubre; sin embargo, dijo que los policías no pudieron dar cumplimiento a estos mandamientos de aprehensión y emitieron un “sin número” de informes del porqué no se daba cumplimiento a la orden de aprehensión.

Gutiérrez explicó que los informes son bastantes extensos, en los cuales “inclusive” estaba de por medio no “solo la vida de los funcionarios policiales”, sino también de personas particulares. “Es por eso que nosotros, viendo y garantizando los derechos de la persona tal y como establece nuestra Constitución hemos tenido que callar ante duras críticas”, indicó.

La fiscal acotó que, dentro de los informes por los asignados al caso, entre los más sobresalientes, se tiene un informe donde Evo Morales presenta un memorial que indica donde era su domicilio, pero al querer notificarle en esa vivienda “no vivía absolutamente nadie”.

No hallaron el domicilio

En ese caso, los efectivos de la Policía Boliviana no lograron ejecutar la orden de aprehensión contra el expresidente debido a que no tiene un domicilio fijo en el municipio de Villa Tunari, donde él había señalado que vivía

“Durante la diligencia se constató que el ciudadano Juan Evo Morales Ayma no se encontraba en el lugar y se intentó ubicarlo en otros posibles domicilios y lugares, donde se pudiese encontrar como el lugar que fue señalado”, indica uno de los informes de los policías que tenían la responsabilidad de ejecutar la orden de aprehensión.

Morales, mediante registro domiciliario por la Notaría de Fe Pública Nro. 4 de Villa Tunari, había indicado que su casa se encuentra en el centro urbano de esa localidad chapareña, entre la avenida Integración y la calle Cecilio Guzmán.

En otro reporte policial, remitido a la Fiscalía Departamental de Tarija, se menciona que fue imposible la aprehensión, toda vez que desde el momento de los conflictos sociales por el bloqueo de caminos realizado por afines al expresidente, muchos funcionarios de la institución del orden fueron víctimas de agresiones e intentos de homicidios por parte de los bloqueadores.

Los informes están incluidos dentro de los más de diez cuadernos de investigación que lleva adelante la comisión de fiscales del departamento de Tarija en el caso de la presunta trata de personas en la que está involucrado el expresidente Morales.

Ese caso se inició en 2019, cuando Morales ya había abandonado el país tras la crisis social y política de ese año. Acusaron al exmandatario de haber embarazado a una adolescente que a sus 16 años dio a luz una bebé.

Sin embargo, este proceso quedó congelado tras la victoria electoral de Luis Arce y no pudo avanzar durante la gestión de Jeanine Áñez, a pesar de que el exviceministro de Transparencia Guido Melgar también fue parte del caso. Esta denuncia contra Morales se reactivó el 26 de septiembre de este año con un formulario único.

Mientras, el abogado Evo Morales, Wilfredo Chávez, afirmó que el expresidente no fue notificado con la imputación por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas agravada. El jurista cuestionó a la fiscal Gutiérrez y dijo qué se puede esperar de una persona “aplazada”, en referencia a que el caso data de octubre pasado.

“Lo único que sé, es que no fue notificado (Evo Morales) y lo que estaba viendo ahora es que la misma Fiscalía reconoce que no han notificado supuestamente por los bloqueos, que han cesado hace más de un mes”, afirmó Chávez, quien cuestionó el actuar de la autoridad del Ministerio Público de Tarija, de quien dijo que ese tipo de actuaciones sólo se puede esperar de una persona “aplazada” en su examen.

Sandra Gutiérrez fue ministra de Justicia de Evo Morales y en la pasada gestión de Juan Lanchipa fue destituida justamente porque se había emitido la orden de aprehensión contra Morales. En este nuevo mandato de Roger Mariaca, como fiscal general, Gutiérrez fue ratificada en su cargo.

‘nada político’

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, aseguró que no hay “nada político” en la investigación contra Evo Morales. La autoridad dijo que aguardan que un juez cautelar fije la fecha y hora de la audiencia contra el expresidente y la madre de la supuesta víctima.

En la cárcel

En octubre de este año, un juez en Tarija determinó la prisión preventiva en el penal de Morros Blancos del padre de la supuesta joven que habría sido víctima de Evo Morales en presuntos hechos de estupro y trata y tráfico de personas.