Hay una queja ante la ONU contra el Estado por restricciones impuestas a Camacho

La defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a través del organismo internacional Human Rights Foundation (HRF), con sede en la ciudad de Nueva York, ha presentado una demanda ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Reclamó así restricciones impuestas en la cárcel máxima de Chonchocoro donde permanece recluido desde 2022 por el caso Golpe de Estado I.

El proceso iniciado por la organización internacional es en contra el Estado boliviano, representado por el gobierno de Luis Arce Catacora, según informó a EL DEBER el abogado de la primera autoridad departamental, Martín Camacho.

“Hay un proceso ya abierto ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. En este proceso HRF, en representación de Luis Fernando Camacho, ha denunciado a Bolivia”, afirmó el jurista en la entrevista.

Javier El Hage, representante de Human Rigths Foundation, está en Santa Cruz de la Sierra desde la semana pasada y el jueves 23 de mayo visitó la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, donde conversó con el gobernador y su abogado durante dos horas y media. El representante aseguró que en la celda verificó que Camacho viene sufriendo de manera sistemática, por casi 17 meses, “un trato cruel, inhumano y degradante”.

“Esto incluye un régimen sumamente restricto de visitas. Yo pude visitarlo fue por una flexibilización extraordinaria del régimen de visitas que no está dictada por ninguna resolución, sino que al parecer porque salió el informe del Departamento de Estado Unidos diciendo que el caso es político y que el arresto es arbitrario, por eso flexibilizaron y pude ingresar”, aseguró.

El jurista Camacho anunció que el Grupo de Trabajo de la ONU emitirá una resolución dictaminando que la detención preventiva es ilegal, y esto podría significar que se pida sanciones en contra el Estado y algunos funcionarios de la administración del jefe de Estado, aunque también pedirá alegaciones al gobierno de Bolivia.

El Hage dijo que esta entidad internacional puede fallar conforme al derecho internacional si es que se evidencia si los derechos de Luis Fernando Camacho están siendo vulnerados en el país. “Los guardias de prisión frecuentemente mienten a los visitantes, afirmando que Camacho no quiere verlos, lo que lo aísla de su familia, seguidores y aliados políticos. A Camacho sólo se le permite una hora de luz solar al día. Si el tiempo está nublado, se le niega este tiempo limitado al aire libre, lo que perjudica su salud física y mental”, dijo.

Al respecto y consultado por este rotativo, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, negó que se estén vulnerando los derechos humanos del gobernador cruceño. “No sale al sol porque no quiere”, dijo. La autoridad de Gobierno señaló que no recibieron ninguna solicitud de información provenientes de otros organismos internacionales de Derechos Humanos (DDHH).

Caso ‘decretazo’

La mañana del lunes se debía desarrollar en el Palacio de Justicia el juicio oral del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso ‘decretazo’, sin embargo, por tercera vez consecutiva la misma no se pudo instalar debido a la ausencia de la autoridad. Esto se da a pesar de que cuenta con una orden judicial para que sea trasladado desde Chonchocoro a la capital cruceña para participar del dictamen.

El abogado Martín Camacho, informó que el Tribunal de Sentencia 8vo en lo Penal dispuso que la audiencia sea reprogramada para el 16 de julio y que en caso de un nuevo incumplimiento el director de Régimen Penitenciario, mayor Róger Sánchez, sea investigado penalmente por el delito de incumplimiento de deberes.

“El director de Régimen ha considerado, entre comillas, aspectos como la salud del gobernador para no cumplir con lo que está establecido en la ley de ejecución de penas”, explicó.  José Luis Camacho Parada, padre del gobernador, expresó su frustración porque la “justicia incumple las leyes y con las órdenes de un tribunal.

“Esto es el establecimiento de una dictadura, es vergonzoso ante la opinión internacional”, señaló. El Gobierno rechazó esa postura.