Incendios atípicos en Beni y Santa Cruz ocasionaron la humareda generalizada

“Este año hay anomalías en los focos de calor. Hay zonas que se han quemado por primera vez, por lo menos en comparación con el periodo 2012-2022. Hablamos de El Choré, en Yapacaní, y otros puntos como el norte de Concepción, donde está la reserva de Copaibo, lo que llaman el corredor norte”, aseveró Armando Rodríguez, gerente de proyecto de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

Adicionalmente a esos puntos, el monitoreo de FAN arrojó también focos atípicos en Santa Cruz en la Reserva Río Blanco Río Negro, y Urubichá. En Beni, los focos de calor anómalos estuvieron en Reyes, San Borja, Santa Ana de Yacuma y Rurrenabaque.

Según Rodríguez, a esto se sumó la dirección del viento, lo que ocasionó la humareda generalizada en la capital cruceña. “El fuego en las zonas atípicas ocurrió en un corredor donde está la Cordillera, de modo tal que la dirección del viento viene en este mismo sentido, y si en un mapa seguimos en línea recta caemos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”, indicó.

​

Carlos Pinto, gerente de Manejo del Fuego en FAN, explicó que por la condicionante de velocidades y dirección de los vientos, además de las característica topográficas de los Andes, se propició que el humo de los incendios del Norte Integrado, Chapare, norte La Paz, y Rurrenabaque, lleguen a las ciudades del eje troncal.

“Fue una situación diferente a los incendios de la Chiquitania y Pantanal, ya que ese humo no llega a las ciudades capitales por la condicionante de dirección de los vientos”, aclaró.

​

En la misma línea estuvo Luis Alberto Alpire, de Señor del Clima. No se sorprende de que en 2019, con casi cinco millones de hectáreas quemadas en Santa Cruz, no  hubiera el mismo humo que este año, cuando la cifra fue mucho menor.

“Hubo una seguidilla de incendios en San Carlos, Buena Vista, El Choré, por más de 30 días, más los vientos del norte”, dijo, pero además agregó que las quemas se compactaron en un periodo más corto, debido a que se concentraron en los dos últimos meses.

Los monitoreos de focos de calor de FAN coinciden con los reportes de incendios y superficie quemada, tanto de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), como de la Gobernación de Santa Cruz, en cuanto a puntos atípicos.

Los datos de ABT informaron sobre más de dos meses de fuego en El Choré, que arrasaron con aproximadamente 60 mil ha, mientras que la Gobernación cruceña reportó más de 90 mil ha solo en esa reserva forestal.

En Concepción, Reserva Forestal Copaibo, según la ABT fueron más de 17 mil las ha quemadas, pero la Gobernación monitoreó 21,5 mil ha. La mayor diferencia en los datos entre ABT y Gobernación está en el área protegida departamental Río Blanco Río Negro, que de acuerdo a la ABT perdió 5.400 ha, pero la Gobernación reportó un daño de casi 30 mil ha.

Superficie nacional

En agosto de 2021, en plena temporada de quemas ese año, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) emitió un comunicado en sus redes, en el que aclaraba que, ante la “desinformación generada por algunas páginas de redes sociales”, con relación a los focos de calor, quemas e incendios forestales en el país, el Gobierno nacional se constituía en la “única fuente de información oficial”, según lo establecido por mandato y normativa legal y vigente del Estado Plurinacional.

Fue hasta esa fecha que se generaron los últimos informes de superficie quemada de organizaciones no gubernamentales, como FAN, Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), y otras de las que se alimentaban incluso los medios de comunicación.

Este año, como se dijo desde una ONG, y luego de contradicciones con los datos oficiales del Gobierno, algunas de estas entidades optaron por monitorear otros aspectos.

En el caso de FAN, según Rodríguez, para tener una idea de cuál era la situación y magnitud de los incendios, a comparación de otros años, lo que hicieron fue trabajar con fuentes abiertas de datos, “no los generamos nosotros”, aclaró

De acuerdo a Rodríguez, los focos de calor dan una idea a groso modo de la situación, pero reconoció que no dan certeza de la magnitud del impacto.

“Lo que hicimos fue trabajar con focos de calor y quemas de mejor resolución desde el año 2012 a 2022, y luego eso lo comparamos con el año a evaluar, 2023. Esa diferencia es la que se marca como área atípica”, explicó Rodríguez.

Desde el 14 de noviembre hasta ayer, los informes sucesivos de la ABT informaban sobre hectáreas quemadas con actualización al 13 de noviembre.

A pesar de que abordaban esta misma fecha, 13 de noviembre, los datos de superficie quemada fueron modificados. En el informe del 21, el área total nacional incendiada era de 3,5 millones de ha, mientras que el 23 de noviembre, esta superficie se redujo a 3,3 millones de ha, y así se mantuvo.

Asimismo, fueron movidos los porcentajes, y en el mismo rango de fecha, Beni pasó de concentrar el 66% del daño nacional (2,3 millones de ha), a disminuir hasta 56% (1,9 millones de ha). Los datos de los demás departamentos también se modificaron.

Esta situación fue observada por siete legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), senadores y diputados, que enviaron una carta al MMAyA, para solicitar una reunión con la dirección ejecutiva de la ABT, en el marco de las atribuciones constitucionales y el Convenio de Escazú.

El objetivo de la reunión, sugerida para hoy o mañana, es conocer la metodología de recolección de datos, y los criterios de análisis y transparencia de los mismos.

También dejaron claro que este tipo de información debe ser accesible y oportuna, como parte de una obligación ética.  

Carmen Capriles, de Reacción Climática, con respecto al hecho de que se censure a las ONG y no se las deje generar datos, dijo que es importante mencionar que es una violación al Acuerdo de Escazú, que establece acceso a información ambiental.

"El Acuerdo de Escazú deja claro que tanto el Gobierno como los ciudadanos son capaces de generar información ambiental, y esta información ambiental debe ser de libre acceso para todos", sustentó. 

Capriles, además, informó que en el reciente foro de ministros de medio ambiente de América Latina y el Caribe se abordó el tema de los sistemas de información que se manejan en América Latina, y lamentó que "tristemente" Bolivia se ausentó. 

"Existe un proyecto de ley que lo están proponiendo Pro Pacha y la sociedad civil boliviana, que en su artículo 35 habla de crear una unidad de información ambiental, que dependerá de Vicepresidencia.

Sin embargo, recordó que la Vicepresidencia no es un ministerio, y que para eso hay un Ministerio de Medio Ambiente que tiene que hacerse cargo.

Insistió en la necesidad de denunciar a escala internacional que en Bolivia el acceso a información sigue siendo una preocupación. 

"Si bien está mencionado en la CPE, hasta el día de hoy Bolivia no cuenta con una ley de acceso a la información y eso, más el tema de quiénes generan la información y cómo la generan, debería estar regulado mediante esta ley, pero no existe voluntad política", finalizó.

PARA SABER

LEY 741

Su objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, mediante el aumento de la producción de alimentos en los asentamientos nuevos de comunidades en tierras fiscales, principalmente en la Chiquitania y en Guarayos, en Santa Cruz, además del sur de Beni y el norte de La Paz. Son varios los pedidos de abrogación de esta norma, la responsabilizan de ser una más del paquete incendiario.

ANTE LA CIDH

La senadora de Creemos Centa Rek presentó una solicitud a la CIDH para que otorgue medidas cautelares a favor de las comunidades indígenas afectadas por incendios.

​