La reforma judicial volvió al centro del debate nacional. Para la abogada Kathia Saucedo, una de las impulsoras de la propuesta de reforma constitucional elaborada por los Juristas Independientes y actual asesora de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el principal desafío no pasa únicamente por aumentar los recursos del sistema, sino por garantizar su independencia mediante cambios constitucionales y una profunda reorganización de la administración de justicia.
Durante una entrevista en el programa Influyentes, de EL DEBER, Saucedo explicó que la propuesta que está actualmente en análisis en el legislativo consiste en elevar al 3% del Presupuesto General del Estado como asignación mínima para el Órgano Judicial, porcentaje que debería quedar protegido por la propia Constitución.
Como referencia, recordó que Bolivia destina apenas entre 0,33% y 0,40% de su presupuesto a la justicia, mientras Paraguay asigna alrededor del 2% y Costa Rica cerca del 6%, uno de los sistemas judiciales más reconocidos de América Latina.
Para la jurista, la diferencia no es solo presupuestaria, sino institucional.
"¿Qué tiene el Órgano Judicial para ceder cuando negocia su presupuesto? Solamente sus sentencias", afirmó. A su juicio, mientras los recursos dependan de una negociación política anual, la independencia judicial siempre estará expuesta a presiones externas. Por ello, considera indispensable que el financiamiento mínimo quede establecido en la Constitución y deje de formar parte de la negociación presupuestaria de cada gestión.
No obstante, Saucedo aclaró que un mayor presupuesto también exige transparencia. Señaló que existen versiones sobre más de 150 millones de bolivianos no ejecutados por el Órgano Judicial y sostuvo que corresponde al Consejo de la Magistratura explicar si esos recursos realmente existen antes de plantear incrementos presupuestarios.
La abogada también cuestionó que el debate sobre la crisis judicial se reduzca únicamente al número de jueces o al financiamiento. A su juicio, el sistema enfrenta una sobrecarga procesal que requiere nuevas herramientas para descongestionar los tribunales.
En ese sentido, la propuesta de reforma incorpora mecanismos como el fortalecimiento de la conciliación y el arbitraje, la recuperación de las competencias de la justicia indígena originario campesina y la creación de jueces de paz para resolver conflictos vecinales y de menor complejidad sin necesidad de llegar a la justicia ordinaria.
Como ejemplo de la magnitud del problema, recordó que el Tribunal Constitucional Plurinacional acumula alrededor de 20.000 causas pendientes, una cifra que evidencia que la solución no pasa únicamente por aumentar recursos, sino por rediseñar el funcionamiento del sistema judicial.
Consultada sobre el anuncio de una posible huelga en el Órgano Judicial, Saucedo dijo comprender el reclamo por la falta de recursos, aunque advirtió que una paralización terminaría perjudicando a los ciudadanos que esperan una respuesta de la justicia. Para ella, la prioridad debe ser aprovechar el debate actual para avanzar, por primera vez en décadas, hacia una reforma estructural que fortalezca la independencia y la eficiencia del sistema.