La CIDH se pronuncia siete días después de la asonada militar en Bolivia y condena el intento de golpe
El organismo internacional ligado a la OEA emitió un comunicado en el que, además, hizo un recuento de los sucesos que tuvieron lugar hace una semana en Palacio Quemado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reacciona. A una semana de la asonada militar condenó al intento de "golpe de Estado" que protagonizó un sector del Ejército que estaba al mando del general Juan José Zúñiga.
A través de un comunicado, la entidad internacional, un organismo autónomo de la OEA, también llamó a respetar la institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos en el país.
Según el recuento de la CIDH, vehículos militares ocuparon espacios públicos en La Paz, incluyendo la Plaza Murillo, “con la intención de derrocar al gobierno democráticamente electo e instalar un nuevo gabinete”. Ese día un vehículo militar derribó la puerta del Palacio Quemado.
El día del asalto militar estaba reunida la Asamblea General de la OEA en Paraguay y desde allí ya se había emitido una condena a estos hechos.
La CIDH enfatizó la importancia del respeto a los derechos humanos y la necesidad de que todas las instituciones públicas, incluyendo las Fuerzas Armadas, se subordinen a la autoridad civil legalmente constituida.
“En una sociedad democrática, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, preservando la democracia y la vigencia de los derechos humanos”, afirmó el organismo.
La Comisión concluyó que las acciones de este sector del Ejército atentaron contra los principios democráticos de Bolivia. En este sentido, hizo un llamado urgente al mantenimiento del orden constitucional y al respeto irrestricto de la institucionalidad democrática.
La CIDH también recordó las serias violaciones de derechos humanos ocurridas en Bolivia durante crisis institucionales anteriores, afectando especialmente a los pueblos indígenas originarios campesinos y otros grupos vulnerables.
“La estabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos exigen el concurso de todas las fuerzas políticas y sectores sociales en defensa de la institucionalidad”, agregó.
