Representantes de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial acordaron este jueves instalar mesas de trabajo para analizar el presupuesto de la Justicia, buscar fuentes alternativas de financiamiento y sentar las bases de una reforma integral del sistema.
La reunión fue liderada por los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, respectivamente. Participaron también la presidenta en ejercicio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz; el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, y el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Coronado.
El encuentro se produjo después de que autoridades judiciales, jueces y vocales exigieran que el presupuesto destinado al sector alcance al menos el 5% del Tesoro General del Estado y advirtieran con aplicar medidas de presión si sus demandas no eran atendidas.
Ávila calificó la reunión de “realmente muy buena” e informó que se abordaron las dificultades presupuestarias y operativas del Órgano Judicial, además de un proyecto de mayor alcance para transformar la administración de justicia.
“Lo que se ha acordado es trabajar en varias iniciativas legislativas y también con el Ejecutivo para ajustar el tema de sus presupuestos, ver la disponibilidad de recursos y permitir que el Poder Judicial pueda operar de mejor manera”, explicó.
Las mesas analizarán el proyecto de modificación presupuestaria que se encuentra en la Cámara de Diputados, así como otras posibles fuentes de ingresos. El Legislativo ya recibió durante esta gestión diferentes proyectos presentados por el TSJ para fortalecer el sistema judicial y modificar su estructura financiera y administrativa.
Ávila reconoció que la Justicia “ha sido abandonada durante mucho tiempo” y que funciona con un presupuesto exiguo, pero sostuvo que el problema no se limita a la disponibilidad de dinero.
“Los recursos son un tema importante, sin duda, pero no es lo fundamental. Tenemos que trabajar como país en la reforma judicial”, afirmó.
Según el presidente del Senado, el proceso comenzará con un diagnóstico detallado e incorporará propuestas del propio Órgano Judicial, juristas, instituciones y organizaciones sociales. También se buscará el apoyo de la cooperación internacional para desarrollar una consulta amplia sobre el modelo de justicia que requiere el país.
La discusión abarcará al TSJ, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), las salas especializadas, la carrera judicial, la digitalización y otros componentes del sistema.
Elecciones pendientes
Otro asunto incluido en las mesas será la falta de autoridades judiciales electas en cinco departamentos. Ávila indicó que existen al menos tres proyectos de ley en Diputados y otros tres en el Senado que plantean soluciones transitorias mientras se convoca a las elecciones pendientes.
Sin embargo, aseguró que la principal dificultad es el costo del proceso electoral.
“El monto, en este momento, el Estado no está en condiciones de resolverlo”, señaló. Añadió que cualquier salida provisional y la posterior convocatoria a las urnas deberán respetar lo establecido por la Constitución.
La falta de magistrados titulares impide que el TCP funcione con sus nueve integrantes y ha generado dificultades para conformar sala plena y resolver determinadas causas. La crisis se suma a la mora procesal, la precariedad laboral y las limitaciones de infraestructura que afectan al sistema judicial.
El Gobierno admite carencias
Más temprano, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que la negociación se dividirá en dos áreas: la atención de las necesidades administrativas inmediatas —entre ellas el presupuesto y los depósitos judiciales— y la reforma estructural de la Justicia.
Oviedo reconoció las carencias económicas del sector, pero advirtió que el Ejecutivo debe distribuir recursos también entre salud, educación, inversión pública y otras áreas, en un escenario fiscal agravado por los más de 50 días de bloqueos.
“El Gobierno va a atender probablemente no en los parámetros que se han planteado, pero vamos a resolver ese problema”, declaró.
El ministro aseguró que las reuniones continuarán de inmediato, aunque no se estableció un plazo para alcanzar acuerdos. Al ser consultado sobre la advertencia de paralización, respondió que, tras la apertura del diálogo, “quedó en amenaza, nada más que eso”.
De esta manera, la posibilidad de un incremento presupuestario sigue abierta, pero todavía no existe un porcentaje acordado, un cronograma definido ni una garantía de que el Estado pueda cubrir el 5% exigido por las autoridades judiciales.