Una ley marco para permitir la nacionalización de vehículos y maquinaria introducidos al país de manera fraudulenta fue presentada a fines de mayo pasado, cuando el país atravesaba una aguda crisis social y política. Esta norma permitiría al país recaudar la suma de $us 1.000 millones, dijo su proponente, el diputado, Reinaldo Seas Pimentel.
“Se trata de nacionalizar vehículos y maquinarias agrícolas en el país, que sobrepasan los 500.000 vehículos en todo el territorio nacional, que va a generar un ingreso aproximado de 1.000 millones de dólares con eso creemos que el 50% va a ir a las carreteras y 50% de los municipios a través de la UPRE”, dijo Seas a los periodistas.
La última nacionalización de los chutos se produjo en 2011, en el gobierno de Evo Morales y también incluyó a vehículos y maquinaria agrícola a través de la Ley 133 y que permitió registrar legalmente a 71.995 y recaudar $us 175 millones. El proceso se dio en medio de fuertes críticas de países vecinos como Brasil, Chile y Paraguay.
“Más allá de que se sospeche que hay algunos vehículos robados, pero esos no van a entrar a la nacionalización, solo van a entrar los que no tengan denuncias en Diprove, en los vecinos países con denuncia de robo”, dijo sobre ese punto el legislador.
Explicó que su propuesta sería un real 50-50 pues el 50% de las recaudaciones iría a los municipios que en este momento pasan una severa crisis económica y un 50% al Gobierno central para la reparación y apertura de nuevas rutas.
Seas dijo que está esperando una reunión en el ministerio de Economía donde explicará la propuesta que tiene el objetivo de recaudar los $us 1.000 millones en un pequeño lapso de 6 meses y significará recursos “frescos” para los municipios.
Recordó que fue el PDC que ofreció la legalización de los autos indocumentados en su campaña electoral y que este proyecto en realidad hace posible esa promesa electoral, dijo que los $us 1.000 millones es una cifra razonable que puede incrementarse dependiendo de los montos que establezca el decreto reglamentario que debe ser elaborado en un tiempo de 30 días después de la promulgación de la ley.