Lima señala que la amnistía propuesta por el Cabildo Nacional "es contraria a la recomendación 10 del GIEI"
En un múltiples trinos, el ministro de Justicia respondió a las preguntas planteadas en las concentraciones. Considera a los presos políticos como "personas imputadas por graves vulneraciones a los derechos humanos"
Tras la conclusión del Cabildo Nacional en Santa Cruz, el ministro de Justicia, Iván Lima, y el presidente del Estado, Luis Arce, se manifestaron respecto a las determinaciones que se asumieron en esa instancia.
Lima usó su cuenta de Twitter para responder a algunas de ellas, como la de instituir al Defensor del Pueblo Departamental y la designación de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia.
"De acuerdo al art. 251 y el art. 298 párrafo I, num. 6 la Policía Boliviana tiene mando único y es parte de las competencias privativas del nivel central del Estado. Una guardia o policía departamental es inconstitucional. Conformarlas a ese nivel es un delito de orden público", indica una de las publicaciones del ministro de Justicia.
Este post va en relación con la primera pregunta que lanzó el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, con respecto a la Guardia Departamental.
1. ¿Están ustedes de acuerdo que, en el marco de las competencias autonómicas, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) apruebe una ley para la provisión del servicio de seguridad ciudadana, a través de una guardia departamental que proteja a la población, resguarde los recursos y el patrimonio departamental?
La siguiente publicación de Lima responde a la segunda pregunta lanzada en el Cabildo.
2. Dentro del marco del Estatuto Autonómico, ¿Están ustedes de acuerdo que, en el marco de las competencias del Gobierno Departamental se apruebe una ley autonómica para el establecimiento del Defensor del Pueblo Departamental, una institución especial e independiente para la defensa, monitoreo, protección y promoción de los derechos y garantías?
A lo que Lima publica: "De acuerdo al art 222 numeral 9 de la Constitución y la Ley 870 art. 14 numeral 12, el Delegado Defensorial Departamental debe ser elegido por el Defensor del Pueblo. Ya la Asamblea Legislativa de Santa Cruz intentó nombrarlo y retrocedió por ser inconstitucional su propuesta".
Es más, indica que "en su momento @LaramaDavid presentó un conflicto de competencia porque @LuisFerCamachoV y @ZetaMatkovic pretendieron nombrar al defensor del pueblo y otras autoridades. Era tan evidente la inconstitucionalidad que retrocedieron en su intento de vulnerar la Constitución".
Sobre la cuarta pregunta del Cabildo Nacional: ¿Están ustedes de acuerdo con dar el mandato a la Brigada Departamental, para que, en el marco de la Constitución Política del Estado, presente una ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional que permita que las asambleas legislativas departamentales elaborar y aprobar ternas autonómicas para preseleccionar a candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejeros del Consejo de la Magistratura?
El ministro responde: "Por una parte adhieren a la recolección de firmas que busca nombrar a “nueve notables” que elegirán ternas de candidatos a Magistrados y Consejeros. Para que luego la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme por ⅔ la lista que el pueblo debe ratificar con su voto".
Agrega: "Inmediatamente y sin ninguna lógica le proponen al Cabildo que esos Magistrados y Consejeros sean elegidos por la Asamblea Legislativa Departamental. Esta propuesta será presentada en un proyecto de ley por la Brigada cruceña a la Asamblea Legislativa Plurinacional".
Y concluye indicando: "ambas propuestas son inconstitucionales porque la actual constitución le da a la Asamblea Legislativa la potestad de preseleccionar a los candidatos y remitir la lista al Tribunal Supremo Electoral. Es el pueblo con su voto el único habilitado para elegir a los Magistrados".
Por otro lado, también hace referencia a la pregunta cinco, en la que Calvo consultó: "¿Están ustedes de acuerdo en exigir al gobierno de Luis Arce que instruya y viabilice la aprobación de una Ley de Amnistía que, en un plazo no mayor de 30 días, determine la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y todos los presos políticos de Bolivia?".
"La Amnistía que se solicita para las personas imputadas por graves vulneraciones a los derechos humanos es contraria a la recomendación 10 del GIEI y a la uniforme Jurisprudencia de la @CorteIDH que prohíbe a los estados otorgar este beneficio a los autores de estos crímenes", reza el post del ministro Lima.
De su lado, el presidente del Estado, Luis Arce publicó en sus redes sociales el respaldo de las organizaciones sociales.
"Mientras nuestras organizaciones sociales sigan unidas, nuestra democracia está segura. A nuestros hermanos trabajadores campesinos y hermanas productoras agropecuarias de Sora Sora, #Oruro, muchas gracias por su respaldo", indica el post.
