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Linchamientos cobran una cuarta vida en Bolivia; reportan una persona quemada en Shinahota

Lunes, 01 de junio de 2026 a las 18:36
Cuatro personas murieron linchadas en tres días

La víctima falleció después de permanecer dos días internada con quemaduras en el 90% de su cuerpo. Su muerte ocurre apenas días después del triple linchamiento registrado en Pocoata y vuelve a encender las alarmas sobre el avance de la justicia por mano propia en el país

La ola de violencia vinculada a casos de presuntos robos sumó una cuarta víctima fatal en Bolivia. La mañana de este lunes falleció el hombre que había sido golpeado y quemado por comunarios en el municipio de Shinahota, en el trópico de Cochabamba, tras ser acusado de intentar comercializar una vagoneta presuntamente robada.

La víctima permanecía internada desde el pasado sábado en un hospital de Villa Tunari con quemaduras que afectaban cerca del 90% de su cuerpo. Pese a los esfuerzos médicos, las lesiones resultaron irreversibles y provocaron su muerte dos días después del ataque.

El hecho ocurrió el 30 de mayo, cuando pobladores capturaron al hombre y lo acusaron de estar vinculado a un supuesto robo de vehículo. Según los reportes preliminares, el sospechoso fue reducido por una multitud, trasladado a una zona apartada y sometido a una brutal agresión. Posteriormente fue rociado con combustible y prendido fuego.

Los agresores lo abandonaron a un costado de la carretera creyéndolo muerto. Sin embargo, el hombre aún presentaba signos vitales y fue auxiliado por personas que lo trasladaron de emergencia a un centro médico del trópico cochabambino.

La Policía confirmó que, tras el fallecimiento, la investigación pasó a ser tratada como un caso de asesinato. Los investigadores buscan identificar a las personas que participaron en el ataque, establecer el grado de responsabilidad de cada una y determinar las circunstancias exactas que derivaron en la muerte de la víctima.

Hasta la tarde de este lunes, ninguna persona había reclamado oficialmente el cuerpo, situación que también forma parte de las indagaciones policiales.

El caso de Shinahota ocurre en un contexto marcado por una escalada de hechos de violencia colectiva relacionados con denuncias de robo. Apenas días antes, Bolivia había quedado conmocionada por el linchamiento de tres jóvenes en el municipio potosino de Pocoata.

Cuatro muertos por linchamientos en tres días

En ese caso, los tres acusados de sustraer un vehículo fueron aprehendidos por la Policía y trasladados a celdas policiales el 29 de mayo. Sin embargo, una multitud de aproximadamente 200 personas irrumpió en las instalaciones, rebasó a los efectivos, sacó a los detenidos y posteriormente los llevó hasta el cementerio de la localidad, donde fueron golpeados, quemados y asesinados.

Las víctimas fueron identificadas como Félix C.P. (28), Eloy C.C. (24) y Riner M.F. (22). La Fiscalía abrió una investigación para identificar a los responsables materiales e intelectuales del triple crimen.

La muerte del hombre atacado en Shinahota eleva a cuatro el número de fallecidos por presuntos linchamientos en menos de una semana y se suma a otros episodios recientes de violencia colectiva registrados en Viacha y Caranavi, donde acusados de delitos fueron golpeados por vecinos, aunque lograron sobrevivir gracias a la intervención policial y la mediación de familiares.

Estos casos, según abogados consultados por EL DEBER, han reabierto el debate sobre la creciente desconfianza de algunos sectores de la población hacia el sistema de justicia y la respuesta estatal frente a hechos delictivos. Mientras las investigaciones avanzan en distintos puntos del país, las autoridades reiteraron que ninguna persona puede asumir funciones que corresponden a jueces, fiscales o policías y recordaron que los actos de justicia por mano propia constituyen delitos sancionados por la legislación boliviana.

La seguidilla de hechos ocurridos entre Potosí, Cochabamba y La Paz deja un saldo preocupante: cuatro muertos y cuatro sobrevivientes de ataques colectivos en apenas cuatro días, una cifra que refleja el recrudecimiento de la violencia social frente a la inseguridad y la persistencia de mecanismos extralegales de castigo que continúan cobrando vidas en distintas regiones del país.

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