Llaman a cabildo nacional para exigir democracia y un ‘cambio radical’ de la justicia

Líderes cívicos y activistas del país convocaron ayer a un cabildo nacional que tendrá lugar el 25 de enero para exigir “un cambio radical de la justicia corrupta”, la libertad de todos los “presos políticos” y la “restitución” la democracia. 

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, leyó la convocatoria junto con las resoluciones de la reunión que sostuvo con sus pares de todo el país, así como representantes de organizaciones sociales y plataformas ciudadanas. La reunión se desarrolló en instalaciones del hotel Cortez que está justo al frente del Comando Departamental de la Policía, que fue el epicentro de las protestas que rechazaron la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El dirigente informó que el evento se realizará “simultáneamente y de forma coordinada en todas las ciudades capitales de los nueve departamentos de Bolivia”. Dijo que aún no existe una definición de las preguntas que serán formuladas a los ciudadanos que asistan a cada una se las reuniones ciudadanas, pero adelantó los temas clave que serán tratados.

“Pondremos en consideración del pueblo boliviano en general preguntas concretas que buscarán dar el norte que necesitamos conseguir como país. La restauración del Estado de Derecho, la recuperación de nuestra democracia, la libertad de todos los presos políticos y el cambio radical de la justicia corrupta”, anotó Calvo al leer la convocatoria a los cabildos.

Además, el líder cívico dijo que escuchó los pedidos de todo el país “para unificar las medidas de protesta pacífica y democrática”. De este modo, solicitó “al pueblo cruceño levantar los bloqueos de carreteras” con el compromiso de “activar acciones y medidas de protesta nacional para la defensa de la democracia y libertad”.

Al respecto, el dirigente del transporte pesado Juan Yucra destacó la determinación de levantar los bloqueos. “Nuestros compañeros del interior y de las provincias estaban preocupados. Santa Cruz es el motor de la economía y se sentía el perjuicio. Esperemos que el 25 no se declare otro paro, pues eso va a perjudicar”, afirmó.

“Pero, estamos preocupados por la justicia. Estamos defendiendo la libertad. No queremos que vayan a la cárcel más dirigentes por causas manipuladas. No queremos esa justicia que mete a la cárcel por motivos políticos. Si el caso del golpe es real, ¿por qué no ha sido convocado Evo Morales? Hay dudas; él tiene responsabilidades por no respetar la democracia ni la Constitución Política del Estado. De eso no habla la justicia”, añadió el dirigente. 

La reflexión de Yujra tiene que ver con el proceso que impulsó el Gobierno del presidente Luis Arce contra opositores, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez por el caso que fue llamado “golpe de Estado I” por los operadores de justicia. En el marco de estas pesquisas, Camacho fue violentamente detenido el 28 de diciembre. Fue acusado de “terrorismo” por afectar la investidura de Morales y del exvicepresidente Álvaro García Linera durante la crisis política y social de 2019 que cobró la vida de 37 personas. Este caso no es por las 20 víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata. 

El presidente del Comité Cívico de Oruro, Adolfo Camacho, recordó que en estos luctuosos acontecimientos también hubo fallecidos en el mandato de Morales, además de “los vejámenes en los que están implicados funcionarios públicos del MAS y autoridades electas”, apuntó.

La apreciación del dirigente está respalda en el informe que presentó en 2021 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que contrató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De hecho, una misión de esta organización llegará el 23 al país para evaluar el cumplimiento de las 36 recomendaciones que se formularon en el informe internacional. 

Los cívicos anticiparon en la resolución suscrita ayer que van formular “denuncias ante la comunidad internacional por los “abusos de poder” que pudo cometer el Gobierno del presidente Luis Arce desde que llegó al poder en 2020. “Ha instaurado en Bolivia un régimen de terrorismo de Estado, inseguridad jurídica y grupos parapoliciales de represión ciudadana contra la movilización pacífica, mediante la persecución política y la criminalización de facto del ejercicio del disenso, la protesta y la libre expresión”.

Respaldos
Calvo, en el contexto de esa declaración de los cívicos también instó a las fuerzas políticas de oposición —Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— a respaldar el movimiento cívico, “ejecutando todas las acciones de unidad pertinentes y necesarias para cumplir y hacer cumplir lo decidido” con miras al cabildo del 25 de enero. 

Eso sí, la resolución mantiene el estado de emergencia que se promovió desde Santa Cruz por efecto de la detención, considerada “arbitraria y violenta” del gobernador Camacho. Sin embargo, el documento aprobado ayer no hace referencia específica a la situación legal de la autoridad cruceña.

La posibilidad de llevar adelante un cabildo de alcance nacional surgió el 10 de enero tras las protestas que tuvieron lugar en todo el país para demandar el debido proceso y la liberación de los cerca de 200 “presos políticos”. Las manifestaciones, repelida violentamente en La Paz por funcionarios públicos y adeptos al MAS, fue masiva en el resto del país y, especialmente, en Santa Cruz. 

A la reunión de ayer acudieron representantes cívicos de seis departamentos. Los líderes regionales del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca) están en un proceso electoral, pues en 2022 enfrentaron un conflicto de paralelismo, no pudieron llegar al encuentro.

Tampoco acudió la delegación de Cochabamba que optó por mantener distancia. El presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, espera que esta institución se sume en el futuro y reconoció que representantes de varias organizaciones cochabambinas sí estuvieron presentes en la reunión en Santa Cruz y que habrá cabildo en esa región del país.

El dirigente espera que en cada uno de los cabildos se presenten “temas nacionales”, especialmente relacionados con la problemática de justicia. “Hay unidad nacional y sabemos Luis Fernando Camacho es una de las 188 víctimas de la persecución política que hay. Tenemos militares, policías, exautoridades cívicas y autoridades electas. Eso sí, el secuestro de Camacho ha sido el detonante de todo este movimiento y que es por precautelar los principios de respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y al resto de las libertades ciudadanas. Es una lucha es por causas, por principios; no es por personas”, dijo.

Por su lado, la presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Susana Graz, explicó que no pudo llegar a la capital oriental ayer “por problemas de conexión aérea” y porque ayer tenía otras reuniones de coordinación. Graz y una delegación de su departamento estarán hoy en La Paz para coordinar con legisladores nacionales la aprobación de un proyecto de ley sobre el litio y los recursos evaporíticos. Los cívicos potosinos demandan más regalías para su departamento de la explotación del litio, un recurso clave para la fabricación de baterías. 

La declaración también condena los abusos de la Policía. “Lucharemos hasta restaurar la institucionalidad e independencia de la Policía Boliviana, con el fin de respetar el uniforme y Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia por los que juraron lealtad”, expresaron los cívicos en su resolución.

El MAS reaccionó. El diputado cruceño Dani Daniel Rojas (MAS) adelantó que el cabildo del 25 “será un fracaso” y consideró que hay la intención de mostrar fuerzas tras la celebración del aniversario del Estado Plurinacional que tendrá lugar el 22 de enero, tres días antes de los cabildos simultáneos convocados por los cívicos. 

“Querían hacer arder Santa Cruz, pero no han tenido respuesta. Quieren organizarse para desestabilizar otra vez al Gobierno y no lo vamos a permitir. Estamos en estado de emergencia”, anotó el diputado a radio Panamericana. 

El índice del Estado de derecho de 2022 de World Justice Project clasificó al país en el puesto 130 entre 140 países. En “corrupción judicial”, está el 135 (131 en 2021) y en el 139 (138 en 2021) en “justicia penal”, solo por delante de Venezuela, el último país de la tabla.