Los pros y contras del diálogo por el censo en 10 puntos
El experto en derecho y miembro de la comisión técnica cruceña en Beni, José Luis Santistevan, afirma que con las explicaciones que dieron los técnicos es posible realizar el censo en 2023, algo que parece lejano, por las declaraciones de las autoridades
La falta de una metodología para llevar adelante el diálogo y la forma cómo se acordará la fecha del censo; además de la falta de transparencia desde el Ejecutivo, fueron las principales observaciones que realizó el abogado, José Luis Santisteban que está como delegado de Santa Cruz en la comisión técnica.
1.- “El ‘diálogo’ se ha desarrollado sin una metodología, sin facilitador imparcial que modere la intervención de los participantes, y no se entregó documentación del proceso del INE sobre el censo, en cada una de sus etapas, y el estado financiero de su ejecución. Los técnicos no recibieron documentación impresa o digital”, señala el primero de diez puntos que anotó el profesional del derecho.
2.- Lamentó que el Gobierno tenga el dominio de todo porque "es juez y parte", ya que las distintas delegaciones pueden realizar propuestas sobre los cambios que se podrían implementar, pero es el Ejecutivo que decide si el ofrecimiento es viable o no, por tanto, no existe una persona que defina las conclusiones de las mesas técnicas que trabajaron en distintos temas.
3.- “La mesa de diálogo carece de transparencia porque no se permite que ingresen los medios de comunicación y así la ciudadanía se informe de lo que realmente sucede. Se prohíben los celulares y algunos si usan. Estas condiciones le restaron la credibilidad al diálogo y la mesa técnica, que de técnico tiene poco”, lamentó Santistevan en su tercer punto.
4.- En cuarto lugar dijo que del trabajo de las tres mesas que trabajaron el lunes sobre la actualización cartográfica; el proceso de escaneo; la boleta censal; el reclutamiento y capacitación de personal, no cuentan con una metodología para definir al menos el año del censo y se eleve para consideración del nuevo decreto supremo.
5.- “Las autoridades del INE manifiestan: Todo el proceso es sensible, el papel tiene que ser especial, los procesos de contratación son burocráticos y pueden llevar hasta 10 meses, el reclutamiento y capacitación de personal son largos y morosos” apuntó entre sus observaciones.
6.- El abogado recordó también que la proyección y modelación de los técnicos de Santa Cruz que presentaron propuestas, demostraron que la actualización cartográfica se puede reducir hasta en seis meses; aunque para el Gobierno no se pudo demostrar fehacientemente esa propuesta.
7.- “Hay que hacer un plan ágil de contrataciones directas y por excepción, según la naturaleza de la contratación y, solicitar la no objeción del financiador que lo único que exige es transparencia en los procesos. Por ello, hay declaratoria de prioridad la realización del censo. Es una competencia privativa del nivel central la realización del censo, mediante decreto supremo se puede efectivizar”, propuso en su séptima observación.
8.- Luego sugirió elevar el número de brigadas, lo que puede reducir hasta en tres meses la actualización cartográfica, solo tomando en cuenta los días hábiles de trabajo, además se podría trabajar en forma paralela en grandes, medianos y pequeños municipios.
9.- “El INE debe recuperar su autonomía de gestión y el Gobierno debe darle las condiciones para que su trabajo sea eficiente y transparente”, señala la novena observación.
10.- Cierra este recuento asegurando que con todas las sugerencias que realizaron es posible realizar el censo en 2023, aunque el Gobierno ya deslizó la posibilidad de ratificar el año de 2024 para el empadronamiento.
