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Una insuficiencia renal y un shock séptico acabaron con la vida del excoronel, Luis Arce Gómez, el que fuera hombre fuerte de la dictadura del general Luis García Meza. 


Sin el cobijo del seguro militar y con pocos recursos, el hombre que lanzara la advertencia de caminar con “el testamento bajo el brazo”, peregrinó entre la sanidad del penal de Chonchocoro, el hospital de Viacha y el hospital de Clínicas.


Los problemas de salud los arrastraba desde hace tiempo, recordó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, al oficializar el fallecimiento de Arce Gomez, que en el último tiempo estaba postrado en cama y en una silla de ruedas aquejado por la diabetes tipo 2 que se fue complicando.


El viernes 20 de marzo, sufrió una descompensación y fue llevado a sanidad del penal de Chonchocoro, donde guardaba detención a 30 años sin derecho a indulto. 


Al no poder atender su caso, fue derivado al hospital de la población vecina de Viacha, donde tampoco podían hacer nada y lo transfirieron al hospital de Clínicas, donde ya había estado en otras oportunidades.


Llegó el 22 a este hospital y lo sometieron a tratamiento, pero los galenos del lugar informaron que el organismo del militar no respondía a los fármacos y el tratamiento que se suministraron. 


A las 16:00 de este lunes, Arce Gómez fue declarado muerto por insuficiencia renal y shock séptico.


Exmilitar


Hacía un decenio que había dejado de tener los beneficios para los militares jubilados y ser atendido en el hospital de los militares en Cossmil. 


Según su abogado, Oswaldo Justiniano, fue porque Arce Gómez fue el único procesado por los militares y lo expulsaron. Por esa razón pidió la devolución de sus aportes y desde entonces solo acudía a los hospitales públicos.


El exmilitar, era oriundo de Sucre y nació en 1938, egresado del Colegio Militar de Ejército protagonizó junto con Luis García Meza uno de los golpes más cruentos en la historia del país en 1980. Así a sus 42 años fue nombrado ministro del Interior (hoy Gobierno) y desde su despacho amenazó a los políticos y activistas que eran perseguidos en ese entonces. 


“Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos, no va a haber perdón”, dijo.


Su palabra se cumplió cinco meses después cuando un comando de ese ministerio llevó adelante lo que se conoció como “la masacre de la calle Harringtón”, donde perecieron ocho dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). 


Ese fue uno de los hechos por los que fue juzgado el exmilitar. Fue bajo el régimen de García Meza que 97 personas fueron asesinadas y otras 27 desaparecieron.


Los otros hechos sangrientos de los que fue responsabilizado fueron las muertes del líder socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que también despareció en el asalto a la COB el 17 de julio de 1980; el otro hecho fue el asesinato del padre Luis Espinal que ocurrió poco antes de ese golpe de estado.


Chonchocoro y Marcelo


A punto de cumplir los 71 años y después de cumplir una condena de 15 años en EEUU por delitos de narcotráfico, el exmilitar fue extraditado y llegó a Bolivia el 9 de julio de 2009 y desde entonces ocupaba la celda 207 del bloque A del penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz.


Aunque estaba en el mismo penal que el general García Meza, nunca coincidieron aclaró en una entrevista y también lo refirió así su abogado, Justiniano. Hace ocho meses había cumplido un decenio encerrado, de los 30 años que debía cumplir por la sentencia sin derecho a indulto que había recibido.


Hábilmente, poco después de su llegada, en 2010 había empezado una negociación con las autoridades judiciales para revelar el sitio en el que se encontraba el cuerpo del líder socialista, asesinado en julio de 1980. 


La Fiscalía lo convocó a declarar, dijeron que debía revelar todos los pormenores, pero nunca sucedió nada porque le recordaron que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de entonces era sin derecho a indulto. De ese modo, el secreto volvió a la celda 209 del penal de Chonchocoro.


Desde entonces, no se habló más de ese caso. Durante el Gobierno de Evo Morales incluso se habló de la apertura de los archivos de las FFAA. Se formó una comisión de la verdad sobre los desaparecidos y en 2012 un grupo de víctimas de las dictaduras se instalaron en El Prado de La Paz, frente al Ministerio de Justicia y permanecen en el lugar desde entonces sin conocer respuestas de los gobiernos y menos de su verdugo que se fue aquejado por la diabetes.

  

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