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Eduardo Del Castillo Del Carpio, ministro de Gobierno, defendió este sábado la producción de coca en el Chapare, alegando que se satanizó a esa región. Anunció la erradicación de cocales excedentarios, tanto en zonas tradicionales y en áreas no permitidas, que, según él, se incrementaron durante el Gobierno de transición. La autoridad dijo que se nacionalizará la lucha contra el narcotráfico y descartó la presencia de cárteles de la droga en el país.

El ministro hizo estas declaraciones en el programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio, en donde habló sobre varios tópicos relacionado a la línea que seguirá la administración del presidente, Luis Arce Catacora, que según Del Castillo buscará la concertación con todos los sectores, incluso los opositores. Con 31 años, es uno de los integrantes más jóvenes del gabinete del Jefe de Estado. Es abogado de profesión, graduado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).

Lucha contra el narcotráfico 

Consultado sobre la política de lucha contra la droga, el ministro anunció la nacionalización de este proceso. Reveló que antes de la llegada del Gobierno de transición al poder, los resultados avalaban este método; que básicamente consiste en que los propios cocaleros, a través del control social, regulen la producción excedentaria de la hoja.

Con el cambio de Gobierno, aseguró que este proceso exitoso se vino abajo.

Para sostener su postura dijo que, en 2018, en el país existían 23.100 hectáreas de coca. Para el 2019, debido a los conflictos sociales, esta cantidad subió a 25.000 hectáreas.

Y durante el 2020, según la autoridad, la producción de coca se disparó a 35.000 hectáreas. 

Cuestionó al anterior Gobierno por no seguir erradicando, y en vez de dialogar con los cocaleros, perseguirlos como terroristas y narcotraficantes.

“No se hizo nada contra el narcotráfico, por 178 días el Gobierno de facto, no se movilizó para erradicar las hectáreas de coca (excedentarias)”, sostuvo. 

Señaló que, de acuerdo a las leyes nacionales, solo existen dos zonas ancestrales para el cultivo de la llamada hoja sagrada: los Yungas y el Chapare.

Advirtió que el cultivo ilegal en otras áreas será erradicado por completo.

Consultado sobre la situación de la coca en el Chapare, en donde, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) un 94% de su producción no pasa por el mercado legal, aseguró que esto no significa que el cultivo se derive al narcotráfico.

Es más, indicó que el departamento que más coca consume del Chapare es Santa Cruz. Y reveló que la hoja no pasa por el mercado legal por un tema de logística, que -en su criterio- incrementa sus costos de producción. 

“Que no pase por los mercados legalmente establecidos, no quiere decir que se desvíe al narcotráfico. La coca del Chapare, está en el centro, entre Santa Cruz y Cochabamba, y el mercado donde se debe autorizar esta hoja está más hacia Cochabamba. Esto genera muchos gastos de producción: se remite la hoja a Sacaba y luego se va a Santa Cruz”, argumentó.

Aseguró que desde su cartera se está trabajando en una propuesta para generar un mercado legalmente establecido camino a Santa Cruz, para que se reduzcan los costos de producción.

Lamentó que el trópico cochabambino sea estigmatizado y relacionado con actividades ilícitas, si bien en la región existen 12.000 hectáreas de coca, también hay 54.000 de frutales y 84.000 de producción de cereales. 

 “La realidad es distinta… Bolivia no es un productor de droga, es utilizado como un país de tránsito”, sostuvo.

Insistió en que la administración de Arce, se enfocará en reducir los cocales ilegales. A esta tarea, se suma la decisión de reestablecer el orden en regiones que rechazan la presencia policial, como Yapacaní y San Germán.

Esta tarea, según el ministro, será mediante el diálogo porque la población de esas zonas está traumatizada por los excesos, que supuestamente cometió la Policía en el Gobierno de transición.

Cárteles y caso Sanabria

Ante la pregunta de si ¿existen cárteles internacionales de la droga en el país?, la autoridad respondió con un rotundo no. Sostuvo que en Bolivia no hay niveles de violencia para que se formen estos grupos delincuenciales.

No obstante, reconoció que llegan emisarios de grupos o clanes familiares del narcotráfico, pero que han sido detenidos y son casos aislados.

Sobre el posible retorno del exjefe de lucha contra la droga, René Sanabria, que cumplió una condena por tráfico de estupefacientes en Estados Unidos, dijo que una vez pise el suelo boliviano será detenido porque hay un proceso por enriquecimiento ilícito contra él.

Asimismo, señaló que investigarán los nexos del exjefe policial con el narcotráfico.

Golpe de Estado

Otros de los puntos de la entrevista, se centraron en los hechos de octubre y noviembre del año pasado, y la escalada violencia que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Y al igual que el resto de las autoridades de Gobierno, Del Castillo, aseguró que se planificó un golpe de Estado, contra el exmandatario.

Si bien admitió que existió gente que se movilizó siguiendo sus principios, y que reclamaban por un presunto fraude, aseguró que otra parte fue pagada para generar caos.

 Incluso dijo que es de conocimiento público que figuras políticas de Santa Cruz (aludió a Luis Fernando Camacho y a su padre), sobornaron a los mandos policiales para que se amotinen.

En este contexto, dijo que la posesión de la expresidenta Jeanine Áñez, fue ilegal, porque de acuerdo al reglamento del Senado, la presidencia de esta Cámara le corresponde solo a la primera fuerza política.

Consultado sobre una resolución que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional, que avalaba el ascenso de Áñez a la presidencia, dijo que se trataba de un comunicado sin firma ni valor legal.

Incluso sostuvo que en ese momento no había forma de que un parlamentario de MAS asumiera la presidencia, después de la renuncia de Morales.

Además, sostuvo que las cartas de renuncia de Morales, el ex vicepresidente, Álvaro García Linera y la ex senadora Adriana Salvatierra debieron tratarse en la Asamblea Legislativa, pero eso no pasó.

 “Estoy totalmente convencido de que existió un golpe de Estado. Un golpe de Estado es cuando se irrumpe de manera violenta, o de forma no constitucional, la toma del poder”, aseguró.

No obstante, Del Castillo dijo que es hora de dar vuelta a la página y de que todos los sectores puedan sentarse a dialogar. “Creo que lo primero, para llegar a una unificación entre bolivianos y bolivianas, cruceños, cruceñas, es el diálogo. Debemos dejar de protestar, dejar nuestros intereses políticos, partidarios, e incluso y personales, que generan una grieta al interior de la población”, dijo.

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