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El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este lunes que Marcel Rivas, extitular de la Dirección General de Migración, utilizó la institución para realizar “persecución política” a exfuncionarios públicos, políticos, periodistas, diplomáticos y empresarios. Reveló que se encontraron unas 500 alertas migratorias ilegales.

“Marcel Rivas utilizó la institución con fines políticos, de 1.061 alertas migratorias, el 42 por ciento fueron ilegales para perseguir a exfuncionarios, políticos, periodistas e incluso empresarios, esto no puede suceder nuevamente”, dijo la autoridad.

Detalló que son 495 disposiciones emitidas desde ese despacho para evitar la salida del país de personas que “no tenían procesos abiertos, no había requerimientos fiscales ni órdenes judiciales”.

Anticipó la presentación de una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes contra Rivas. Con esta nueva denuncia, Rivas suma un nuevo proceso en su contra, ya que actualmente está investigado por la presunta complicidad en la salida del país de los exministros Arturo Murillo (de Gobierno) y de Fernando López (de Defensa). Un juez dispuso su detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

Por esa causa, el fin de semana, el exdirector de Migración recibió detención preventiva en la cárcel de San Pedro, mientras continúa la búsqueda de las exautoridades, investigadas por sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos.

“Queremos que las instituciones cumplan su deber. No podemos recaudar dinero para el Estado y contratar funcionarios para que nos persigan (en alusión a Marcel Rivas)” precisó el ministro.

Rivas, que además presentó problemas de salud en La Paz, aseguró en su defensa que él dejó el cargo el 4 de noviembre, un día antes de la salida de Bolivia de Murillo y de López; sin embargo, sus argumentos y los de su defensa no convencieron al Ministerio Público, que determinó enviarlo preventivamente a prisión.

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