Un boliviano salió de Santa Cruz rumbo a Bogotá, continuó a Ciudad de México, pasó por Estambul y finalmente aterrizó en Kazán, Rusia. Llevaba una invitación para visitar museos y participar en actividades culturales en Sterlitamak. Tiempo después apareció fotografiado con uniforme y armamento militar.
Ese itinerario aparece en las evidencias que recolecta la Fiscalía y permite reconstruir una de las rutas utilizadas para trasladar a ciudadanos que, atraídos por ofertas de trabajo, terminaron incorporados a las fuerzas rusas que combaten en Ucrania. También se reportaron reclutamientos para enfrentar a Rusia en favor de Ucrania en esta guerra ajena que ya lleva cuatro años.
Según fuentes consulares consultadas por EL DEBER, las invitaciones daban a los viajeros una explicación creíble ante los controles migratorios, pues se justificaban la finalidad del viaje, el alojamiento y la persona que los recibiría.
En este caso, las cartas fueron emitidas por una institución municipal de cultura de Sterlitamak, en Bashkortostán, una de las 24 repúblicas que son parte de la Federación Rusa. Ofrecían visitas patrimoniales y encuentros con historiadores y artesanos. Sin embargo, en el mismo expediente, al que accedió EL DEBER, aparecen traducciones de pasaportes al ruso, placas de identificación, formularios de enrolamiento y fotos con armas de ciudadanos bolivianos.
La investigación debe establecer si quienes emitieron las invitaciones conocían su uso final, si fueron aprovechadas por intermediarios o si integraban una operación organizada. El procedimiento coincide con el patrón documentado por Truth Hounds y la Federación Internacional para los Derechos Humanos que consiste en la captación mediante falsas ofertas, traslado gestionado por terceros, firma de contratos y envío al frente después de un entrenamiento mínimo.
Si hubo engaño, presión, retención de documentos o abuso de necesidad económica, los reclutados pueden ser considerados víctimas de trata con fines de explotación militar, aunque hayan firmado contratos con el Ministerio de Defensa ruso o alguna entidad de Ucrania.
En Bolivia, la Fiscalía ya investiga tres casos en Santa Cruz, que comprenden a 16 presuntas víctimas. La fiscal superior Alejandra Rocha Villarroel informó que se solicitaron datos a agencias de viaje, aerolíneas y empresas telefónicas para reconstruir las rutas e identificar a quienes financiaron los traslados. La pesquisa busca determinar quién consiguió las invitaciones, compró los pasajes, tramitó los documentos y recibió a los viajeros en Rusia.
La Fiscalía pidió información a la Cancillería y a la Embajada rusa y activó contactos con otros países mediante la red regional contra la trata. A su turno, la Cancillería pidió reportes formales a Rusia, por vía diplomática, y países vecinos.
El expediente de 52 páginas contiene pasaportes, reservas hoteleras, seguros médicos, boletos de retorno, traducciones y direcciones de contacto. La documentación pudo haber sostenido la apariencia de una visita temporal y reducido las sospechas durante el recorrido.
La Policía Boliviana atribuye la estructura al ciudadano boliviano Amador M.A, señalado como principal captador y todavía prófugo. Según el director de la FELCC en Santa Cruz, coronel Jhonny Coca, entre los investigados figuran familiares que alojaban a los viajeros, difundían ofertas en redes sociales o recorrían provincias cruceñas buscando candidatos. La comunidad Rincón de Palometas, ubicada en el Norte Integrado de Santa Cruz, aparece, junto a otras, como el sector donde pudieron haber operado ligadas al reclutamiento.
Las ofertas incluían pagos iniciales de hasta $us 16.000 y salarios de $us 2.700 mensuales. Algunas víctimas recibieron solo Bs 20.700 después de cuatro meses del “trato”.
Conversaciones incorporadas al expediente mencionan, además, reclutamiento, trámites, depósitos y transferencias. Los mensajes aún deben ser autenticados, pero apuntan a una división de tareas entre captadores, gestores de documentos, contactos en Rusia y operadores de pagos.
Familia exige justicia y boliviano en Ucrania alerta sobre la guerra
La familia de José María Soleto, de 29 años, presuntamente muerto en combate en la guerra entre Rusia y Ucrania, anunció que se apartará de la investigación y dejará el caso en manos de la Fiscalía y la FELCC. Tras pedir reserva por su identidad, una familiar afirmó que el Ejército ruso sí paga a sus soldados, pero sostuvo que los reclutadores se quedarían con parte del dinero. Indicó que solo recibieron Bs 20.000, negó amenazas y señaló que nuevamente les comunicaron el fallecimiento del joven. Si la muerte se confirma, pidió que sus restos sean repatriados a Bolivia y exigió sanciones para los responsables de la captación.
En paralelo, Luis Herbas, boliviano que afirma combatir voluntariamente en las filas ucranianas, pidió no dejarse seducir por ofertas vinculadas con la guerra. “No es una aventura, no es un videojuego ni una forma fácil de ganar dinero”, escribió. Herbas aseguró que viajó por decisión propia, pero advirtió que el conflicto implica bombardeos, miedo, heridos, muertos y la posibilidad real de no volver. La Fiscalía investiga el envío de al menos 16 bolivianos al frente, pero hay más personas buscando a sus familiares.